Regular el cabildeo y que se sepa lo que hablan representantes de empresas o personeros de sociedades mercantiles con legisladores, pide el senador perredista Pablo Gómez.

Desde que empezó la actual legislatura ha venido trabajado en un proyecto de reglamento para la Cámara Alta y ha incluido un capítulo especial que regularía el cabildeo.

El cabildeo en el Congreso de la Unión no se supervisa ni se vigila que se mantenga dentro del marco legal. No se ha transparentado.

Con posterioridad a las negociaciones se han hecho públicos los intentos de casas de juego por convencer a diputados y senadores de que autoricen la operación de casinos en México, las gestiones de tabacaleras para frenar leyes que afectarían los intereses de su industria, y de embotelladoras para que no se grave más el refresco, entre otros casos.

Recientemente, en la pasada legislatura se descubrió el cabildeo de la televisión comercial para empujar la ley de radio y televisión, porque hubo filtración de llamadas telefónicas, pero regularmente nadie se entera de lo que platican los cabilderos con los legisladores.

Según la iniciativa de reglamento para el Senado, elaborada por el senador perredista Pablo Gómez, por cabildeo debe entenderse "toda gestión o petición que se hace ante cualquier senador, órgano o autoridad del Senado para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses del cabildero o de sus contratantes".

Cabildero sería cualquier organismo público, privado o social, así como cualquier persona física que haga gestiones o peticiones en favor de los intereses de sus representados.

La idea de Gómez Álvarez es contar con mecanismos legales que permitan controlar y vigilar la operación de los cabilderos.

Para empezar, quienes se dedican a esta tarea, tendrían que inscribirse en un registro del Senado, porque de los contrario no podrían llevar a cabo esta actividad, salvo los sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales también sin fines de lucro, movimientos populares sin registro legal y partido.

Los senadores estarían obligados a informar de las conversaciones que tengan con cabilderos y personeros que no hayan sido registrados y cuando se toquen temas que estén a discusión en la Cámara.

El informe se presentaría por escrito dirigido al presidente de la comisión que conozca el asunto, para dejar constancia en el acta correspondiente, agrega la propuesta.

Se advierte que el presidente de la comisión tendría a su cargo iniciar los procedimientos jurídicos previstos en la Constitución y las leyes contra el senador que no acate esa disposición, después de que la Mesa Directiva integre el expediente.

Además, de acuerdo con la iniciativa del perredista, "cualquier persona puede presentar ante la Mesa Directiva elementos de presunción de la violación de estas normas".

Pablo Gómez también ha especificado las actividades incompatibles con el cargo de senador.

Precisa que no podrían ejercer funciones de litigantes, directa o indirectamente, en las materias civil, laboral, penal, mercantil, administrativa y fiscal. Tampoco podrían litigar en contra de las entidades públicas.