En conferencia de prensa, representantes de 37 organizaciones aseguraron que las detenidas fueron golpeadas, sufrieron tortura física y sicológica, e incluso fueron abusadas sexualmente por parte de los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que las aprehendieron.

Yéssica Sánchez Maya, de la filial oaxaqueña de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), aseguró que la detención de las mujeres, y los abusos a que fueron sometidas demuestran que el gobierno federal pretende criminalizar la protesta social en Oaxaca.

Por ello, junto con Marusia López, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, anunció que las violaciones a los derechos humanos documentadas se denunciarán a las instancias internacionales, con el fin de visibilizar la situación de las mujeres en esa entidad.

López recordó que en enero visitará Oaxaca una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que se hacen gestiones para que acudan el relator contra la Tortura y la relatora para los Derechos de la Mujer de la ONU.

Las detenidas enfrentan, entre otros cargos, el de daños por incendio a inmuebles públicos y particulares, y no tienen posibilidad de obtener su libertad debido a que a cada una de ellas se le fijó una fianza de 4 millones de pesos, explicó Sánchez Maya.

Las 34 mujeres están recluidas desde el pasado 27 de noviembre en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, denominado El Rincón, de Nayarit, al que se niega el acceso a las organizaciones de la sociedad civil, explicó la activista.

Los abusos fueron relatados a representantes de la Limedh y otras organizaciones, por 16 de las detenidas, quienes refirieron desde maltratos verbales y físicos hasta tocamientos y amenazas de los agentes de la PFP.

Varias de ellas fueron severamente golpeadas durante el operativo de detención, pero se les negó atención médica durante tres días, y sólo la recibieron al llegar al penal de Nayarit, "al que se les trasladó sin notificarles ni los cargos que enfrentaban ni el lugar en el que serían recluidas.

"Algunas de ellas nos comentaron que al subirlas al helicóptero los policías les preguntaban si sabían volar, porque ahí iban a aprender. Se les trató como si fueran los peores criminales", dijo Sánchez Maya.

Junto con Marusia López, Sánchez Maya cuestionó también la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, la única instancia que tuvo acceso al penal de Miahuatlán, donde se les recluyó inicialmente, pues asegura que su personal ignoró las quejas de quienes no presentaban golpes o maltrato visible. En la conferencia se presentó también el libro Voces de la valentía en Oaxaca. Violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el conflicto social y político, que reúne las historias de las participantes de manera directa o indirecta en el movimiento, o víctimas de la marginación y la exclusión social históricas en Oaxaca.