Recibe en su celular una llamada de Eduardo Romero Ramos, el chihuahuense que desocupará las oficinas de la Función Pública, para entrevistarse e iniciar la entrega-recepción.

Sí, deja pendientes el sexenio foxista, admite Martínez Cázares, pero también pide reconocer lo hecho en transparencia: la ley de acceso a la información y el Instituto que la acompaña.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Germán Martínez Cázares asegura que si bien la secretaría a su cargo tiene la responsabilidad de emprender un combate frontal contra la corrupción, no se utilizará con fines electorales ni para lograr equilibrios políticos.

Y reparte responsabilidades. En su opinión, la Secretaría de la Función Pública velará porque el gasto de las 303 dependencias federales —incluida la Presidencia de la República— se haga de acuerdo con la ley, pero no es la única instancia revisora: están los diputados y senadores; la Auditoría Superior de la Federación y, por último, el juez principal que es el ciudadano que califica con sus votos.

De entrada, el ex diputado federal señala que la instrucción del presidente electo Felipe Calderón es lograr las condiciones para contar con un gobierno eficaz, a partir de tres objetivos específicos: el primero es coordinar una ofensiva en contra de la corrupción; el segundo es generar una cultura de prevención en el manejo del gasto público, y el tercero es hacer más amigable la relación entre el ciudadano y el gobierno.

Si bien hay avances en transparencia, explica, “hay pendientes como fortalecer el control del gasto y el servicio profesional de carrera”.

Vamos a aplicar la ley al desvío de recursos al funcionario que no cumpla los objetivos; en segundo lugar, buscando una relación con los otros órdenes o poderes y niveles de gobierno para cualquier iniciativa de corrupción, no importa el partido al que pertenezca.

En su opinión, “la corrupción no se combate sin que asuma su responsabilidad y obligación cívica el ciudadano; la corrupción tiene dos lados: el gobernante que recibe y el ciudadano que da. Sin el ciudadano apoyando una labor no podemos, pero el gobierno tiene que dar el ejemplo de manejarse en una caja de cristal con transparencia y aplicando la ley”.

Yo seré un secretario de más realizaciones que declaraciones. Entiendo ese reclamo. Además, entro sin compromisos con la administración pasada y no estoy dispuesto a adquirirlos con administraciones futuras. En tercer lugar anunciaré sólo cuando esté cierto; no se adelantarán vísperas en la SFP.

Ni cálculos, ni equilibrios partidistas, ni manejo de tiempos. Aplicar la ley en el control interno administrativo, no caer en la tentación de buscar la nota del día, tampoco el equilibrio de partidos…

Inclinar balanzas o el equilibrio de partidos. Sin distingo, ni privilegio, ni excepción, a quien se desvíe se le debe aplicar la ley. En el largo plazo, una cultura de prevención en el buen gobierno y el manejo honrado del gasto público. La corrupción no se resuelve de fondo, en el largo plazo, con sanciones; se aplicarán sanciones pero habrá visión de futuro.

La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la academia, las asociaciones civiles que tienen que ver con la transparencia, tendrán un aliado en el nuevo secretario para robustecer las facultades de fiscalización de cualquier área, interna y externa. La instrucción del presidente es precisa, robustecer la rendición de cuentas.

Los expedientes que estén abiertos deben seguir su curso y la autoridad no puede opinar.

Por supuesto, pero no sólo eso, en toda la administración. Son 303 dependencias federales y estaremos atentos para que no haya un destino distinto para los recursos que son escasos.

Ya lo respondí: no tengo compromisos con nadie, no tengo compromisos con el pasado. No habrá ni venganzas públicas ni perdones ficticios.