Denunció, sin embargo, que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca les negó el acceso a la averiguación previa.

El propósito, dijo el organismo, es determinar si las autoridades judiciales actuaron con apego a la ley y dar un puntual seguimiento al caso.

Este caso estaba en manos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero "dada la gravedad de los hechos, su carácter de presunta violación a los derechos humanos y tomando en cuenta que el caso, por su naturaleza, ha trascendido el interés del estado de Oaxaca, este organismo determinó radicar el oficio de expediente en el Programa de Atención de Agravios a Periodistas".

En un comunicado, la CNDH reiteró su llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que también atraiga las investigaciones o, en su caso, investigue los delitos de carácter federal, como el uso de armas exclusivas del Ejército.

En tanto, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos informó que los 141 detenidos que fueron trasladados al penal de San José del Rincón, en Nayarit, permanecen incomunicados y que no se les notificó a sus familiares sobre la decisión del traslado.

La organización no gubernamental indicó que tiene constancia de que durante y después del enfrentamiento del sábado pasado hubo diversas detenciones arbitrarias, además de que algunas de esas personas fueron trasladadas al penal bajo tortura y violencia.

Informó que el lunes un grupo de abogados de la red se trasladó al penal de Tlacolula para saber si había ahí algunos detenidos y cuáles eran sus condiciones. No obstante, aseguró, elementos de la Policía Estatal los interceptaron en el camino y les impidieron el acceso.

Señaló que sólo un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudo ingresar pero no pudo verificar el estado médico y sicológico de los detenidos, debido a que no iba acompañado de especialistas.