OAXACA, Oax.- La reanudación de clases ayer en los planteles de educación básica de la región de Valles Centrales del estado estuvo acompañada de las primeras medidas represivas contra los maestros que se opusieron al paro magisterial, y que se enfrentaron con los dirigentes de la sección 22 del magisterio desde el año pasado.Se les prohibió a los maestros del Consejo Central de Lucha (CCL) presentarse en sus aulas e impartir clases, como ocurrió en la escuela secundaria técnica 1, en esta capital, en donde se les negó su tarjeta para checar a cuatro maestros y tres trabajadores administrativos.
Esta decisión, que fue avalada por el director del plantel, José Lagunas Pérez, produjo el incidente más significativo del regreso a clases, puesdecenas de padres de familia le increparon que las pugnas políticas y sindicales de los maestros dejaron a sus hijos sin clases desde el 22 de mayo.
La asamblea regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Valles Centrales acordó, desde la semana pasada, reiniciar clases ayer jueves, luego de que el resto de la entidad ya había vuelto a las aulas desde el lunes.
Esta decisión de la sección 22 del magisterio provocó una confrontación con el resto de organizaciones agrupadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes acusan al dirigente magisterial Enrique Rueda de haber "vendido" el movimiento que exige la caída del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Minutos antes de las 7:00 horas, cientos de padres de familia acompañaron a sus hijos a la escuela. Muchos de ellos se quedaron varios minu-tos afuera de los planteles preocupados porque pudiera haber incidentes que pusieran en riesgo a sus hijos.
En ese ambiente de expectativa y temor, pero también de represalias contra disidentes de la sección 22, se puso fin a una suspensión de clases que consumió 128 días hábiles.
En la escuela secundaria técnica 1, donde impartía clases el profesor René Calvo, miembro de la CCL, que fue asesinado durante el conflicto, se presentaron los principales incidentes, cuando se les negó el acceso a las aulas, y checar sus respectivas tarjetas a los maestros Fernando Valdés y Elsa Ortiz (ambos imparten Ciencias Sociales), Roberto Gómez y Luciano Rivera (que dan diferentes talleres), así como los trabajadores administrativos Esther Sánchez, Susana Altamirano y Jaime Bulmaro Juárez, todos ellos también del CCL.
La secretaria de Asuntos Jurídicos del CCL, Alma Rosa Fernández Aquino, denunció que al menos 100 miembros de esa organización se encuentran a disposición de personal y sujetos a cambios de adscripción por haberse negado a participar en movilizaciones del sindicato y de la APPO.
