En mayo de 2004 el TEPJF le fijó dicha multa tras comprobarse la responsabilidad del partido en las irregularidades administrativas en que incurrió, junto con el PAN, al crearse un "sistema de financiamiento ilícito" para la campaña presidencial de Vicente Fox en el 2000.

En esa ocasión, el Tribunal le elevó al PAN la multa inicial de 360 millones de pesos que le había fijado el Instituto Federal Electoral (IFE) y lo obligó a pagar más de 399 millones de pesos.

Mientras que al PVEM le redujo una multa inicial de 184 millones a 98 millones de pesos.

En el caso particular del PVEM, el Tribunal lo encontró culpable de negligencia, por no hacer nada para evitar o denunciar las irregularidades en que incurrió el PAN para apoyar la campaña de Fox.

El Partido Verde se inconformó con esta medida y promovió un amparo, el cual, después de pasar por varias instancias, llegó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la capital del país.

Pero, por la importancia y trascendencia que tiene este caso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron, de manera unánime, atraer el juicio para que sea el máximo tribunal el que decida si ampara o no al Partido Verde Ecologista de México.

Desde el punto de vista jurídico la Corte atrajo este juicio porque le permitirá establecer un criterio sobre la inatacabilidad y definitividad o no de las sentencias que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en casos de multas aplicadas por irregularidades administrativas detectadas.