En zócalo de esta ciudad, un comisario de la Policía Federal Preventiva pedía al presidente de la Asociación de Empresarios de Oaxaca, Antonio Hernández, que abrieran sus negocios. "A lo mejor no van a vender ahorita nada, pero ábranlos. Nosotros nos hacemos cargo. No podemos dar seguridad en los comercios que están a seis cuadras de aquí, pero en esta zona sí".

En una radiodifusora local, a la que la gente llama Radio Patito, una mujer convocaba a la ciudadanía a ofrecer comida a las fuerzas federales. Dijo el comisario de la PFP que la gente no ha pedido nada, que más bien ofrece comida, agua y servicios. "Los restauranteros, la gente lo están haciendo. Lo agradecemos, pero no lo necesitamos".

Quizás el afán del comandante en pedir la apertura de negocios era borrar lo más pronto posible las imágenes entre llamas, de humo de lacrimógeno, gente que huye despavorida y regresa retadora y agresiva, captadas apenas el día anterior. Pero lo que para unos significaba seguridad, para otros, represión: las tanquetas y líneas de policías federales como cuando decenas de cuervos se posan en cables eléctricos.

Aun así, el centro de la ciudad comenzaba a recuperar su colorido. En las rejas la ventana de la universidad colgaban calaveritas de hojalata, en la víspera del Día de Muertos. "Qué le vamos a hacer, aquí somos bien luchones, sí se compone y los policías se van, va a ver que bonitas tradiciones tenemos en diciembre", decía el artesano Edmundo Cruz, que acomodaba el producto de su creación.

Esto era en el centro. En algunas partes de la periferia de la ciudad se miraban aún los sellos de la resistencia y de la incursión de las fuerzas federales. En la transmisión de Radio Universidad, aún en poder de los appos, una voz de mujer decía -ante el escenario de que el Senado exigió licencia para retirarse del cargo al gobernador Ulises Ruiz-: "Estamos apunto de ganar, pero esta última etapa puede ser peligrosa".

La noche del lunes en la penumbra, los elementos de la PFP utilizaban las retroexcavadoras para orillar carrocerías de automóviles y camionetas que la APPO quemó para usar como barricadas. La mayoría de las barricadas del alrededor del centro de la ciudad fueron quitadas parcialmente para permitir el tránsito.

Por la mañana, basureros recogían los escombros de lo que alguna vez fue un campamento popular. Trabajadores del municipio cubrían con pintura las frases propias y de repudio al gobernador. Del quiosco, jardineras y edificios borraban los cinco meses de ocupación. Familias acudían al zócalo a tomarse la foto de lo que para algunos significa la liberación de su centro histórico.

En la marcha -que había salido de la fuente de las Siete Regiones y llegaba al Llano, una plaza ubicada sólo a siete cuadras del zócalo oaxaqueño- donde la vestimenta evidenciaba el estrato social, se exigía enjuiciar al dirigente de la APPO, Flavio Sosa, y se pedía a la gente salir y no tener miedo. "Ya estuvimos cinco meses así, salgan ya está la PFP", decía una mujer por el altavoz.

En plena plaza principal, debajo del quiosco, permanecían los comercios saqueados y la duda de quién pudo haberlo hecho. Una de las propietarias, Aurelia Solano, aseguraba que fueron los policías. "La APPO estuvo aquí muchos meses y nunca ocurrió nada; fueron ellos, ahí están las patadas de la botas en mi mueble".

Cuando el comisario de la PFP hablaba con un líder empresarial, le aseguraba que poco a poco todo se iría normalizando, pero que no podrían entrar a la universidad, que ahora es el búnker de la APPO, porque se tiene que respetar la autonomía. A cinco calles de ahí, en Santo Domingo, decenas de maestros permanecían replegados detrás de una obra del serigrafista oaxaqueño Mario Guzmán, en la que plasmó al pueblo en rojo con los puños en lo alto. Al lado de ésta se situaba su centro de acopio para seguir la resistencia.