Ese organismo internacional advirtió en su informe Descentralización y entrega de servicios para los pobres, que México tiene que llegar a un "acuerdo político" sobre la "naturaleza y el papel de los sindicatos" como el SNTE, debido a que el actual esquema de doble negociación entre el sindicato y el gobierno federal por una parte, y por otra de los gobiernos estatales y las secciones sindicales, "tiene la posibilidad de generar incentivos perversos que induzcan a los gobiernos -estatales- a eludir parte de sus responsabilidades y mover los costos hacia el gobierno federal, mientras que cosechan los frutos políticos".

El llamado fue para analizar este tema y llegar a un acuerdo nacional; lo enfatiza aún más cuando precisa que "México tiene una larga tradición de suponer y esperar que los problemas sean resueltos por el presidente. En cambio, los presidentes han buscado legitimarse y ser populares al intervenir en ámbitos de la política pública, que en principio, corresponden a los gobiernos estatales".

"Aunque es difícil deshacerse de viejas costumbres, la proliferación de programas y la duplicación de tareas no son las maneras más eficientes o eficaces de emplear recursos, sino haciendo que los gobiernos de las entidades cumplan sus responsabilidades", plantea el Banco al hacer un análisis de cómo ha funcionado en México la descentralización de los servicios de educación y salud en las zonas de mayor pobreza en México.

El Banco Mundial hace también un llamado a que los gobiernos estatales participen con mayores recursos provenientes de sus ingresos propios en los presupuestos de la educación básica, y señala que los gobiernos estatales como el de Oaxaca -entre 1998 y 2001- no aportaron nada para complementar el gasto del gobierno federal para la educación de los oaxaqueños.

Le siguen Hidalgo, Quintana Roo y Baja California Sur con inversiones por debajo del 5% del total del gasto público por entidad en educación.

Con una iniciativa de este tipo el Banco también propone acabar con "los problemas asociados con los sindicatos nacionales y la prestación descentralizada de servicios". Explica que el hecho de que hayan pasado tantos años desde la firma del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (1992) sin que se presenten cambios significativos, "es señal de las grandes dificultades para lograr esos cambios. No obstante, resulta esencial hacerlo si se pretende mejorar la calidad, el desempeño y la rendición de cuentas".

Señala que además de generar "la duplicación de costos administrativos, envía señales confusas a los ciudadanos en cuanto al nivel de gobierno que debe responsabilizarse por los servicios".

En el caso del sector educativo, debe haber una "mayor vigilancia" sobre los maestros y la ausencia de éstos en las escuelas; que la participación del sindicato ha dado pie a que el crecimiento de niños que se incorporan a las escuelas sea menor que el crecimiento en el número de maestros y escuelas en todo el país; que se "permita mayor participación a los estados para sugerir planes de estudio", y que impulsen sistemas de información sobre las prácticas escolares y el manejo de los presupuestos.

El documento del Banco explica que "por razones políticas, de debilidad en la capacidad administrativa y las condiciones socioeconómicas, muchos estados y municipios no han tomado la iniciativa para llevar a cabo mejoras creativas en los programas federalizados. Más bien, siguen funcionando como agentes para ejercer el dinero federal, pasando dificultades para tratar con los sindicatos nacionales y las regulaciones federales, pero sin utilizar el gran potencial de los programas para los problemas locales de desarrollo y reducción de la pobreza".