El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI), realizado en 2002, reporta que México emite 643 millones de toneladas al año de gases de efecto invernadero (GEI), lo que supone 1.5% de emisiones mundiales que se estiman en 41 mil 755 millones de toneladas.

El inventario también refleja que se podrían reducir unos 100 millones de toneladas anuales, lo cual supondría una entrada adicional de mil millones de dólares cada año de 2008 a 2012, si lograra vender esas reducciones a países desarrollados que a su vez acreditaran las disminuciones como si hubieran sido en territorio propio, lo cual generaría beneficios económicos y ambientales.

Sin embargo, la realidad es que por el momento sólo hay condiciones de disminuir 17 millones de toneladas a través de 31 proyectos que ya están aprobados para su ejecución, cifras que colocan a México en el quinto lugar mundial, detrás de China, la India, Corea y Brasil, en cuanto al número de toneladas que se dejarán de emitir y el tercero en cuanto a número de proyectos.

Bonos de carbono

El Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se originó en 1997 y entró en vigor el 5 de febrero de 2005, establece la obligación de los países industrializados de reducir en 5% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012.

Hasta el momento 164 países, que generaron 61.6% de las emisiones globales de GEI en 1990 se han comprometido a cumplirlo; no obstante, si los países industrializados no pueden llevar a cabo sus compromisos de reducción de emisiones pueden realizar proyectos de desarrollo sustentable en países en vías de desarrollo mediante negociaciones de compra-venta, para que sean éstos los que realicen las reducciones y así se generen menos GEI globalmente, el procedimiento forma parte de los MDL.

De esta forma los proyectos son ejecutados con recursos de los gobiernos o empresas privadas de países desarrollados, mediante la compra de bonos de carbono, y permiten reducir emisiones en los receptores que así lo deseen de forma voluntaria.

"Precisamente para aprovechar el potencial económico, de financiamiento y de transferencia de tecnología para realizar proyectos de venta de bonos de carbono se puso en marcha este mes el Fondo Mexicano de Carbono (Fomecar), con el objetivo fundamental de generar una cultura de reducción de emisiones de GEI entre el empresariado mexicano e identificar proyectos de reducción o mitigación", señala el maestro Miguel Ángel Cervantes experto en MDL de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El Fomecar pretende apoyar con asistencia técnica y recursos financieros la estructuración de éstos; comercializar los bonos de carbono generados, buscando obtener las mejores condiciones para los propietarios; y promover conjuntamente la inversión con instituciones nacionales e internacionales.

"El país cuenta con potencial económico, de financiamiento y de transferencia de tecnología para realizar proyectos de venta de bonos de carbono, dentro del Mecanismo para un Desarrollo Limpio, el método diseñado por Kioto para involucrar a la iniciativa privada en la reducción de gases, que sin embargo es desconocido por la mayoría de los agentes sociales", apunta Cervantes.

De acuerdo con la Semarnat, con la venta de bonos de carbono se podrían reducir 100 millones de toneladas de emisiones de gases cada año y al mismo tiempo obtener recursos por mil millones de dólares.

Además de la creación del Fomecar, la Semarnat ha concluido el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI). "Conocemos a fondo las cifras totales, sabemos nuestra contribución en el contexto internacional, dónde están los distintos gases, en qué volúmenes y en qué procesos; gracias a este esfuerzo nos es permitido dirigir de manera mucho más profesional uno de los instrumentos que queremos detonar en su máxima expresión, que son los proyectos MDL", señaló el titular de la Semarnat, José Luis Luege Tamargo, en la presentación del INEGEI.

El Programa Voluntario de Contabilidad y Reporte del INEGEI es otro de los pasos que ha ido dando este mes la Semarnat de cara a preparar a México para el mercado de los bonos de carbono. Este programa trata de brindar capacitación a las empresas para que elaboren su inventario de emisiones, a fin de que puedan reducir los gases que generan, identificar oportunidades para incrementar su eficiencia energética y desarrollen estrategias efectivas que les permitan participar en los mercados internacionales de carbono.

Algunos ejemplos

El parque eólico La Venta II, en Oaxaca, que ha sido bautizado ya como Bie Nee Stipa, que significa en lenguaje local "Viento que Trae Energía", es uno de los 31 proyectos que ya están en marcha dentro de los MDL.

El parque se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec y está siendo construido por las empresas españolas Gamesa Eólica, e Iberdrola. El complejo eólico contará con 98 aerogeneradores y comenzará a funcionar a finales de este año.

La energía eléctrica que producirá La Venta II permitirá sustituir 19 mil 784 toneladas de petróleo al año y se dejarán de emitir 400 mil toneladas anuales de bióxido de carbono (CO2).

Estas toneladas de CO2 se transforman en bonos de carbono que podrán ser comprados en el mercado internacional por empresas de países que no puedan cumplir con sus metas de reducción de emisiones. Actualmente las principales empresas interesadas son españolas.

Por ello, además de los beneficios medioambientales, el proyecto es fuente de ingresos, pues entregará anualidades en concepto del uso de los terrenos a los ejidatarios y se estima que la construcción de este parque impulsará el desarrollo de infraestructura local para prestación de servicios.

Además de este proyecto, hay otros 29 aprobados y en marcha en México y otros 115 que están en diferentes grados de avance, confirma el maestro Miguel Ángel Cervantes. Los proyectos tienen que seguir un protocolo marcado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo que incluye la aprobación por el gobierno mexicano a través de la Comisión Intersectorial para el Cambio Climático y todos ellos requieren una inversión adicional a las instalaciones existentes para incrementar la eficiencia energética de la empresa.