El diputado priísta y dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, consideró incongruente que mientras se quiera negar un apoyo económico de fin de sexenio de unos 2 mil 500 pesos a los 600 mil burócratas de base del país, se vaya a otorgar un "bono millonario" a magistrados.

Por ello, subrayó, la FSTSE intensificará a partir de hoy negociaciones con la Secretaría de Hacienda y señaló que no se descartan movilizaciones de los trabajadores para exigir lo que por derecho les corresponde, "pues no es posible que se afirme que no hay para compensar seis años de trabajo y esfuerzo".

Esa demanda fue apoyada por el coordinador de los legisladores priístas, Emilio Gamboa Patrón.

El legislador de la Asamblea del Distrito Federal y dirigente del sindicato de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García, dijo a su vez que es inconcebible que se otorgue el bono a los magistrados y no se quiera entregar más de 2 mil pesos a los trabajadores al servicio del Estado.

Subrayó que ese gremio, como parte de la FSTSE, no permitirá la pérdida de esta prestación, misma que se otorga al término de cada administración como reconocimiento a su esfuerzo.

La coordinadora de Asuntos Financieros del PRD, Sonia Ibarra, condenó que los magistrados del Tribunal Electoral se vayan a "autootorgar" un bono, porque ante las carencias ya conocidas en el país, "resulta una grosería y una injusticia".

Por ello, adelantó que su partido pedirá a los magistrados transparentar el fideicomiso para verificar cuánto fue de ahorro, cuánto de prestaciones, cuánto de gratificaciones y cuánto tomaron del erario para abonar a su fondo de retiro.

Francisco Fraile, del PAN, consideró que el otorgamiento de bonos debe reglamentarse y señalar puntualmente en la ley qué se debe hacer con los recursos que sobran de un ejercicio.

En otro orden, el líder del Congreso del Trabajo (CT), Víctor Flores, dijo que esa organización acordó respaldar a la FSTSE en su "justa demanda" de contar con un incentivo que ya se ha hecho una tradición desde hace tres décadas.

"Para el Congreso del Trabajo, el pago de esa prestación es justo y necesario, toda vez que son los empleados públicos quienes hacen cumplir oportunamente los planes y programas de la administración federal."