De 2003 a 2005, los ingresos por peaje en la Autopista del Sol ascendieron a 2 mil 779 millones 383 mil pesos, los cuales, según el Congreso del estado de Guerrero, no se han visto reflejados en su reparación y mantenimiento. Al contrario, hoy es una de las vías más caras y riesgosas del país.

Según la información solicitada a Caminos y Puentes Federales (Capufe), a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), las entradas económicas por pago de casetas en la Autopista del Sol crecen cada año, no así la inversión para garantizar un tránsito seguro.

El Congreso de Guerrero envió a la Cámara de Diputados un documento en el que solicita la fiscalización, por medio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del programa de rescate carretero que no ha repercutido en beneficios para los usuarios. "Sabemos por medio del IFAI que mientras los ingresos han sido exorbitantes, la canalización de recursos para la reparación y mantenimiento de la autopista no han sido proporcionales".

"Pero lo más importante ahora es exigir el esclarecimiento de la aplicación de esos recursos, revisar el funcionamiento del fideicomiso, garantizar que los ingresos se inviertan en primera instancia en la propia autopista y, sobre todo, transparentar un rescate que benefició a unos cuantos y ha significado al país una carga fiscal de más de 165 millones de pesos", señala el documento del Congreso local.

Los diputados guerrerenses argumentaron que el rescate carretero afectó la calidad de varias autopistas federales, mientras que a los concesionarios no se les piden cuentas ni se les obliga a cumplir con los requisitos mínimos de seguridad, por lo que se aprovechan de la necesidad de la gente por llegar con rapidez a sus destinos.

Ante esa situación, los legisladores locales solicitaron formalmente, mediante un escrito a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, auditar el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y transparentar sus manejos financieros que garanticen la reparación efectiva, la reducción de costos y su mantenimiento permanente.

Como parte de la privatización de carreteras en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se otorgaron concesiones para "construir, explotar y conservar" el tramo carretero Cuernavaca-Acapulco a los consorcios Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y Tribasa (hoy transformada en Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra).

En ese entonces se entregaron en total 52 concesiones, de las cuales, ocho años después se cancelaron 23 con un costo al erario de 21 mil 780 millones de pesos por indemnización, más una deuda bancaria de 36 mil millones de pesos. El total de los recursos fue canalizado y administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la deuda pública generada por la recuperación de las 23 autopistas ha significado una fuerte carga fiscal; de 1997 a 2002 creció en 185%, hasta llegar a los 165 mil millones de pesos.

De ahí que a los diputados de Guerrero les sorprenda que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, haya aceptado, en agosto, que la autopista del Sol estuvo mal construida. "Lo dijo después de 13 años de inaugurada, de ser la más cara del país y de miles de accidentes automovilísticos, muchos de ellos provocados por las malas condiciones en que está".