Sintetiza una labor de compilación y sistematización como pocas se han realizado en el ámbito de la administración de justicia en nuestro país. Da voz a decenas de sectores que, en otras circunstancias, no se habrían pronunciado. En este sentido, es fotografía y diagnóstico; fresco y panóptico. Pese a ello, difícilmente podrá ser considerado, como lo pretende el subtítulo, "una agenda para la justicia en México".

Bastaría echar una ojeada a las propuestas que formula para confirmarlo: nadie niega la importancia de reformar el amparo, mejorar la sistematización de la jurisprudencia, garantizar la autonomía y la rendición de cuentas, garantizar el presupuesto de los poderes judiciales, profesionalizar a los órganos de gobierno judicial, consolidar la carrera judicial, promover el uso de medios alternativos de solución de controversias, rediseñar el sistema constitucional de impartición de justicia penal o mejorar la defensoría de oficio.

Pero son acciones que, de una u otra forma, ya están en la agenda. Implican, vaya, modernizar lo que ya se tiene.

No descalifico la importancia de ninguna de estas acciones, en modo alguno, pero me parece que lo que define la eficacia y la eficiencia de un Poder Judicial tiene que ver, ante todo, con la posibilidad de que garantice el acceso a la justicia al mayor número posible depersonas.

"La posesión de derechos carece de sentido", consideran Mauro Cappelletti y Bryant Garth, "si no existen mecanismos para su aplicación efectiva". En este sentido, concluyen ambos académicos, "el acceso efectivo a la justicia se puede considerar como el derecho humano fundamental". Me parece que tienen razón.

En un mundo globalizado, México tiene que ofrecer seguridad jurídica a las grandes multinacionales que ofrecen invertir en nuestro país pero, también, a los enormes núcleos de población que no tienen idea de lo que es un juez, un tribunal o una ley.

Nadie se atrevería a desestimar la conveniencia de impulsar las tecnologías de la información, un sistema para evaluar el desempeño judicial o estándares estrictos de ética profesional. Pero mientras existan en México tantas personas que se ven impelidas a recurrir a la violencia o a la componenda, dado que las instituciones judiciales son tan lentas o -en el caso de muchas zonas del país- inexistentes, esta agenda parece superficial.

Mientras exista en México un sistema paralelo al judicial -las comisiones de derechos humanos- para tratar de hacer más rápido lo que no hacen nuestros jueces; mientras nuestro lenguaje judicial siga siendo tan técnico y farragoso; mientras subsista la oscuridad y la endogamia que distinguen a la Judicatura Federal, otras metas se antojan estrechas, cautas, poco ambiciosas.

Desde mi punto de vista, la auténtica agenda para la justicia en México debe comenzar por depurar las leyes y reducir su número; por establecer procedimientos más breves y menos complejos -hay que llevar el juicio oral hasta sus últimas consecuencias- y por "desprofesionalizar" y "democratizar" la impartición de justicia.

Nuestro sistema judicial tiene mucho de rescatable pero, también, mucho que ya no lo es. Admitámoslo. Poner vino nuevo en odres viejos -la imagen es del Nuevo Testamento- puede resultar peligroso.

El Libro Blanco de la Corte, pese a lo anterior, hace una aportación relevante que no podemos ignorar: nos dice a los mexicanos que nuestro máximo tribunal está deseoso de vincularse a la sociedad civil y que está consciente de todo lo que hace falta al Poder Judicial de la Federación. Nos provoca a reflexionar sobre lo que tenemos y sobre cómo alcanzar aquello que nos hace falta. Nos invita, en suma, a participar en la construcción de nuestro estado democrático de derecho. Éste -y no las propuestas como tales- constituye el mérito del trabajo que ha elaborado la Corte. Debemos celebrarlo.

* Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)

gerardo.laveaga@inacipe.gob.mx