Eran las tres de la mañana del 5 de septiembre y los siete magistrados estaban despiertos, afinando su dictamen sobre la elección presidencial.

Mauro Miguel Reyes Zapata ya no durmió. Se siguió de largo para revisar y corregir en la computadora cualquier imprecisión de dedo en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Leonel Castillo González, magistrado presidente, encontró acomodo en el sofá que está en una pequeña sala de juntas antes de entrar a su oficina.

Ahí se quedó a dormir, no sin antes haber dispuesto y solicitado el reforzamiento de la seguridad de la institución con la presencia de personal de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Lo veía como algo remoto, pero no descartaba la posibilidad que los simpatizantes de la coalición Por el Bien de Todos intentaran tomar las instalaciones del Tribunal.

Los demás magistrados, Alfonsina Berta Navarro, Jesús Orozco, Fernando Ojesto, Alejandro Luna y Eloy Fuentes también se buscaron un espacio en sus respectivas oficinas para dormir tres o cuatro horas y estar listos para la sesión que habían programado a las ocho de la mañana.

Fueron 54 días de tensión, de escuchar el ruido, la música y las consignas perredistas que venían desde la calle. Se acostumbraron a trabajar con ese ambiente.

EL UNIVERSAL, desde que empezó esa fase de calificación, recabó información de lo que sucedía en el Tribunal Electoral y el texto de hoy es resultado de dicha tarea.

La mayoría de los días en esta etapa fueron de 18 horas de trabajo. Nadie se rajaba, ahí estaban sus colaboradores y secretarios, los abogados. El tiempo apremiaba por los plazos establecidos por la ley y había conciencia de que el país necesitaba una definición puntual.

Saben que ésta ha sido la mayor prueba de fuego para ellos, en toda su vida en el Poder Judicial.

Para despejarse, porque la mente se había congestionado, cuando ya pasaba la medianoche, había ocasiones en que el magistrado Castillo encendía su televisor para ver algo ligero, una parte de película mexicana o algún programa de comedia.

Nunca perdió el contacto con el exterior, se daba tiempo para revisar la síntesis de prensa todos los días, con especial atención a las notas relacionadas con el Tribunal.

Así se enteró de lo expresado por Andrés Manuel López Obrador, de los supuestos cañonazos económicos y ofrecimientos de empleo en beneficio de los siete magistrados.

También de las declaraciones del presidente Vicente Fox a la prensa alemana, cuando estaba a punto de concluir la calificación de la elección presidencial, en el sentido de que el ganador de la elección había sido el panista Felipe Calderón.

Hubo un momento en que al arreciar las críticas, los magistrados analizaron la conveniencia de salir al paso, responder a las imputaciones y reafirmar que, por ley, nada más al Tribunal Electoral correspondía declarar vencedor de la elección presidencial.

Reflexionaron el tema y concluyeron que no era su papel subirse al ring y polemizar con los actores políticos.

En los primeros días, Leonel Castillo, en su oficina del Tribunal Electoral, revisaba con sus colaboradores las impugnaciones contra la elección presidencial cuando recibió una llamada telefónica.

Los buscaba el secretario general de acuerdos del Tribunal, Flavio Galván, para avisarle que le había tocado resolver el llamado "recurso madre" de la coalición, el del distrito 15 de la ciudad de México, el número 212.

"Te tocó", fue el comentario que le soltó de botepronto el secretario.

"Ni modo, el turno es el turno, es lo que dice la ley", dijo el magistrado presidente.

Sin embargo, en la siguiente reunión privada de los siete magistrados, para que ni entre ellos hubiera suspicacias sobre las asignaciones de los recursos de inconformidad, el propio Castillo, amparado en el marco legal, sugirió a sus compañeros que si querían se hacía un sorteo.

"Si a ti te tocó, así se queda", fue el comentario de Mauro Miguel Reyes Zapata. Todos asintieron.

Para la integración de la comisión que haría el dictamen final, el magistrado Castillo de antemano se excluyó. Recordó que a él le tocó hacer el proyecto de resolución de la elección presidencial en el 2000.

Entonces, por unanimidad, seleccionaron a los magistrados Mauro Miguel Reyes Zapata y Alfonsina Berta Navarro.

Durante esa etapa de 54 días, los magistrados recibieron la visita de las representaciones jurídicas de la coalición y del PAN, para los "alegatos de oreja". Nadie más.

Los primeros fueron los perredistas Ricardo Monreal, Arturo Núñez, Horacio Duarte y Héctor Romero (éste no habló). Les tocó una sopa de su propio chocolate, porque el ruido que llegaba de la calle, las consignas y música de sus compañeros, turbó sus intervenciones.

Nadie levantó la voz ni lanzó amenazas. Los magistrados se concretaron a escuchar sus alegatos sobre pedir el recuento de votos en los 300 distritos.

En el turno de los panistas, la historia se repitió. Sólo expusieron sus puntos de vista, en defensa de la validez de la elección, César Nava, Germán Martínez Cázares y Felipe Calderón. Luis H. Álvarez y José Espina guardaron silencio.

Los magistrados en lo suyo, dedicados a la revisión documental. Encerrados en esos muros con apariencia de inexpugnables, infranqueables.

Cuando alguno de los siete magistrados tenía un punto complejo por resolver, avisaba al presidente para que convocara a reunión privada. En ocasiones hubo diferencias que entre ellos mismos superaron.

Nunca ensayaron la votación ni se habló sobre el sentido de su voto. Se concretaron a estudiar y a que cada quien sacara sus propios veredictos.

Los temas que más les reclamaron atención fueron las quejas de la coalición contra la intromisión del presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial en el proceso electoral.

Se sintieron apurados con los 375 recursos de inconformidad. Hubieran querido desahogarlos en la semana del 20 al 26 de agosto y no el 28 como sucedió, a cuatro días de vencer el plazo.

Para los magistrados sólo hubo tiempo para leer y releer el expediente presidencial.

El cumpleaños del magistrado presidente Leonel Castillo, salvo para su familia y amigos del Poder Judicial, prácticamente pasó desapercibido.

Por prudencia o porque no lo sabían, no hubo llamadas telefónicas ni de la residencia oficial de Los Pinos ni de la Secretaría de Gobernación el 22 de agosto. Tampoco nadie del PAN ni de la coalición Por el Bien de Todos. Ninguna tarjeta o regalo de funcionario alguno.

Con discreción, el magistrado se fue a comer con su familia, su esposa y cuatro hijos, a la Antigua Hacienda de Tlalpan.

De Michoacán, de donde es originario, le llamó su hermana Teresa, en nombre de la familia, para que no fuera uno por uno. Breve, nada más para felicitarlo, porque sabía que estaba ocupado.

Ninguno de los magistrados se enfermó en esos 54 días ni se quejó por la cantidad de trabajo.

El 5 de septiembre, una vez que aprobaron por unanimidad el dictamen, acabaron todos sus desvelos.