Góngora Pimentel llegó a esta conclusión después de revisar las fotografías, videos, certificados médicos y el acta de defunción del joven Alexis Benhumea, quien falleció a causa de un traumatismo, entre otros materiales que los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presentaron como pruebas de las violaciones a los derechos fundamentales de los que, aseguran, fueron víctimas.

En un documento que le hizo llegar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, Genaro Góngora recuerda: "El día 28 de agosto recibí en mi oficina diversos elementos presentados por los promoventes, tendentes a probar la existencia de los hechos a que se referían en su escrito inicial".

Y le informa: "Después de revisar los elementos antes descritos, encuentro que existen indicios de que esos hechos en sí mismos pueden constituir graves violaciones a las garantías individuales, por lo que he decidido hacer mía la petición".

Con estas palabras, Góngora Pimentel hizo suya la solicitud que promovió el FPDT, desde el 9 de agosto pasado, para que el alto tribunal ejerza la facultad que le otorga el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución para crear una comisión que investigue violaciones a las garantías fundamentales. La sola petición del ministro no basta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga en el caso Atenco.

A lo largo de su historia, la SCJN sólo ha intervenido en tres casos para investigar violaciones graves a las garantías. La primera fue en 1946 en un caso que se conoció como "León", en el estado de Guanajuato, y la segunda al indagar, en 1996, la masacre ocurrida en el vado de Aguas Blancas, Guerrero.

El tercer asunto, relacionado con el caso de la periodista Lydia Cacho, aún no ha sido resuelto.

En documento que le hizo llegar a Azuela, Góngora agrega:

"... como miembro de este Órgano Colegiado, solicito se forme el expediente respectivo y se turne a algún ministro para elaboración del proyecto, a fin de que sea el Tribunal en pleno quien determine" si ejerce la facultad que le confiere el artículo 97 constitucional, visto en su segundo párrafo.

Para analizar la solicitud de Góngora, el asunto se le turnó al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia en el que proponga aceptar o rechazar que el máximo tribunal intervenga en este caso.

La abogada Bárbara Zamora, representante legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fue notificada de esta resolución.

Aguirre Anguiano presentará, sin plazo legal, su proyecto ante el pleno de la SCJN para que ahí los 11 ministros analicen el proyecto de sentencia y voten en favor o en contra de crear una comisión que investigue los sucesos ocurridos en Atenco.