En reuniones privadas de bajo perfil, en pláticas no oficiales, tan sólo un reducido grupo de integrantes del Poder Judicial, de abogados, políticos y funcionarios públicos, se han dado a la tarea de mover sus piezas para incidir en la renovación de casi todos los integrantes del Tribunal Electoral y en cubrir un espacio que quedará vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De manera paralela, la SCJN vive los últimos momentos de la administración de su presidente, Mariano Azuela, quien dejará el cargo en diciembre. Y el Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de administrar y vigilar a todos los jueces y magistrados federales del país, también cambiará de presidente y renovará a uno de sus consejeros.

Los conflictos políticos han permitido que estos cambios pasen desapercibidos para muchos sectores de la sociedad, aun cuando se encuentran "a la vuelta de la esquina" y deberían ser el centro de la atención desde hace varios meses, advierten académicos, abogados y altos funcionarios judiciales.

Los directores de las facultades o escuelas de Derecho en la UNAM, ITAM y las universidades La Salle e Iberoamericana, Fernando Serrano, José Roldán, Jorge Nader y Loretta Ortiz, respectivamente, destacan la importancia de estos movimientos y piden que se transparente la selección de los nuevos funcionarios y se evite que incidan cuestiones políticas o de cuotas.

Recorrido por la SCJN

Los especialistas en Derecho Electoral Lorenzo Córdova y Fernando Franco González consideran que una mala proyección en la reforma electoral de 1996 va a generar que tan sólo un mes después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral califique la elección presidencial, seis de los siete magistrados que integran este órgano tengan que dejar su cargo, pues el 10 de octubre próximo vence el periodo de 10 años por el que fueron elegidos.

El único que se quedará en el cargo es el magistrado José Alejandro Luna Ramos y eso porque ingresó al Tribunal hace un año, después de la muerte del magistrado José Luis de la Peza.

De acuerdo con lo que establece la Constitución, el pleno de la SCJN tiene que elegir seis ternas de candidatos y presentarlas ante el Senado, para que éste nombre a quienes ocuparán el cargo de magistrados del Tribunal Electoral los próximos 10 años.

El problema es que todo este proceso lo tendrán que realizar, tanto la Corte como el Senado, en una especie de fast track, para que los nuevos magistrados estén designados antes del 10 de octubre, pues el país no se puede quedar sin Tribunal Electoral, porque a los recién llegados es muy probable que les toque resolver, de entrada, los conflictos que se generen tras las elecciones de gobernador en Chiapas y Tabasco.

En la SCJN tenían planeado emitir una convocatoria para seleccionar ternas en los primeros días de agosto, pero lo aplazaron hasta después de que el Tribunal califique la elección presidencial, "para no contaminar el proceso".

Pero mientras esto ocurre y se fijan reglas claras, por las oficinas de los 11 ministros de la Corte han comenzado a desfilar aspirantes al cargo con el objetivo de sondearlos para saber si pueden contar o no con su respaldo para ser incluidos en las ternas.

A las oficinas de los ministros han acudido principalmente magistrados de circuito, pero también los han visitado una serie de abogados externos que les han pedido que no elijan sólo integrantes del Poder Judicial Federal, para que ellos también puedan aspirar al cargo.

Mientras, funcionarios del Poder Judicial aseguran que en el Poder Ejecutivo, y en especial entre grupos selectos de abogados panistas, se discute quién debe presentar la terna al Senado para elegir a un nuevo ministro de la SCJN, ¿el presidente Vicente Fox o su sucesor?

El 30 de noviembre próximo el ministro Juan Díaz Romero, con 20 años en el cargo, culmina el periodo para el que fue elegido y deja una vacante en la Corte. Su salida se da justo un día antes del cambio de presidente de la República, de ahí la polémica sobre quién debe enviar la terna al Senado.

Actualmente, se asegura, la disputa por este punto se da entre el equipo de Felipe Calderón, el consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro, el titular de Innovación Gubernamental de la Presidencia y actual senador electo, Ramón Muñoz, y el senador y coordinador electo de la bancada del PAN, Santiago Creel.

Pero también en Los Pinos se asegura que quien le ha pedido su intervención a Fox para que la incluya en la terna es la consejera de la Judicatura, María Teresa Herrera, quien fuera titular de la Reforma Agraria y consejera jurídica.

De quién envíe la terna y del tiempo que se tarde el Senado en elegir al nuevo ministro también puede depender el nombramiento del próximo presidente de la Suprema Corte.

Y es que en la primera sesión de enero de 2007, el pleno de la SCJN tiene que elegir al sucesor de Mariano Azuela al frente del Poder Judicial. Con la salida de Díaz Romero la Corte quedaría sólo con 10 integrantes y se abre la posibilidad de que se registre un empate en la elección del próximo presidente.