Alejandro Encinas, jefe de Gobierno del DF, consideró que "estamos transitando de un conflicto postelectoral a una crisis política institucional. Quien no quiera verlo así, comete un error serio y profundo".

Criticó el uso de la fuerza pública en el desalojo de legisladores perredistas en San Lázaro y responsabilizó al Estado Mayor Presidencial (EMP) de esa acción, al asegurar que los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) instalados en el Palacio Legislativo reciben órdenes directas de esta instancia, adscrita a la Presidencia.

Advirtió que no permitirá que los elementos de la PFP salgan del área que les es asignada, ya que cualquier intervención tendría que autorizarla el gobierno local.

"No vamos a aceptar ninguna intervención en la que no sea consultado el gobierno de la ciudad", pues recordó que en el convenio que tienen con esa dependencia están claramente delimitadas las responsabilidades de ambas partes.

No obstante, reconoció que el enfrentamiento de la PFP con legisladores fue en el perímetro que resguarda la autoridad federal.

Deben ofrecer disculpas a la ciudadanía: Joel Ortega

En tanto, Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública del DF, consideró que el gobierno federal debe ofrecer disculpas a la ciudadanía.

Al igual que Encinas Rodríguez, el jefe policiaco lamentó el enfrentamiento entre los uniformados y legisladores, al considerar que hubo un exceso de violencia.

Dijo que la acción desproporcionada, en la que se violó el fuero de los legisladores, no se resuelve con ofrecer disculpas a éstos, como se ha llegado a plantear.

Anunció que presentarán al titular de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, un video de una de las cámaras instaladas por la dependencia local frente al recinto legislativo, en el que se aprecia el exceso de la fuerza pública y que actuaron al margen de la ley.

Joel Ortega aseguró que en el video que presentaran a Medina Mora queda demostrado que no hubo un canal de mando y se evidenció la descoordinación de los policías en el retiro de legisladores.

Señaló que al tratar de impedir el bloqueo pusieron en riesgo la operatividad del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, pues arrojaron gas lacrimógeno muy cerca de las vías cuando pasaba un convoy y eso "pone en duda la capacitación de la PFP para sacar adelante estas contingencias".

Detalló que el enfrentamiento se registró cuando la PFP intentó retirar del área acordonada dos vehículos estacionados sobre avenida Congreso de la Unión, con una grúa que contrató la dependencia federal, luego de que la SSP local se negó a aportar dos de esos vehículos.

Desde su punto de vista, la PFP actuó de manera desordenada, además de que violaron el artículo 22 constitucional, que establece que la actuación de la policía debe ser preventiva y de conciliación.