"Recibimos la documentación y vamos a proceder a revisarlo y atenderlo", dijo un funcionario de la Cancillería canadiense.

El portavoz de la embajada de México en Ottawa, Mauricio Guerrero, señaló que la documentación fue entregada la tarde del jueves al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

"El dossier está siendo transmitido al Departamento de Justicia", que es la instancia que llevará el caso, indicó la fuente canadiense.

Si Gómez Urrutia es aprehendido, el gobierno mexicano cuenta con 60 días, de acuerdo con los términos del tratado de extradición, para presentar la petición formal.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros afirmó que es improcedente la detención provisional para efectos de extradición de Napoleón Gómez Urrutia.

Ayer por la tarde en un comunicado de prensa, el sindicato argumentó que, de acuerdo con el abogado Mariano Albor, México y Canadá establecieron que la detención provisional y la extradición "no pueden tener lugar cuando se funda en delitos políticos o tengan relación con hechos políticos".

A decir de los integrantes del sindicato, que respaldan a Gómez Urrutia, la persecución en su contra obedece a cuestiones políticas.

El secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, manifestó que el asunto dejó de ser laboral y ahora corresponde a la PGR y a las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores hacer lo propio para que rinda cuentas en México.

El funcionario señaló: "Nosotros lo único que sabemos es que hay siete mil trabajadores que no les ha tocado su parte proporcional de los 55 millones de dólares que recibió el sindicato hace año y medio".

El funcionario dijo que la averiguación sobre el destino de ese dinero y el paradero de Gómez Urrutia no le corresponde.

El gremio insistió en que "el ataque sistemático de las autoridades federales al derecho de huelga que los mineros han ejercido con plenitud constitucional, son motivo sufi ciente para dejar en la evidencia que Gómez Urrutia es un per seguido político y que se han aprovechado las instituciones para armar artificialmente acusaciones".

La PGR alistó el expediente judicial, incluso antes de que comenzara a correr el plazo legal de 60 días para realizar esta gestión.

El documento debió integrar todas las evidencias que existen contra el destituido líder, pues aseguró Javier Laynez Potisek, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la dependencia, debe quedar claro que "es un perseguido de la justicia de nuestro país".

El funcionario indicó que la petición de detención provisional con fines de extradición entregada el jueves, sólo incluía la orden de aprehensión girada contra Gómez Urrutia en mayo pasado por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal en el Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, por administración fraudulenta.