Al presentar su informe final de actividades, los integrantes de este grupo de trabajo denunciaron que es evidente que hay un manejo discrecional del fideicomiso F/9645-2, pues incluso se perdieron los 4.5 millones de dólares que generó este fondo por concepto de intereses bancarios.

Tras aclarar que nunca persiguieron políticamente al depuesto líder Napoleón Gómez Urrutia, aceptaron que no tienen pruebas para demostrar que hubo fraude con los 55 millones de dólares que habrían afectado a 6 mil 062 de los 9 mil 480 trabajadores que debían recibir este beneficio.

En su informe la comisión estableció que al celebrarse un convenio que modificó dicho fideicomiso -integrado con el dinero que correspondía de participación de 5% para trabajadores por la venta de seis empresas mineras a Grupo México- su manejo estaría en manos sólo del CEN del sindicato minero.

El grupo legislativo, presidido por el panista Tomás Trueba, señaló que el cambio realizado al fideicomiso -el 4 de marzo de 2005- concedió al sindicato y a Gómez Urrutia "plena libertad para manejar de manera discrecional los recursos del fondo".

Explicó: "Mientras el monto del fideicomiso estuviera depositado, Scotiabank Inverlat mantenía la figura jurídica de un fideicomiso, el cual tenía como fin ser entregado a cada uno de los trabajadores con derecho; al hacerse la transferencia a la cuenta de BBVA Bancomer a nombre del SNTMMSRM, se realiza el convenio de extinción total del fideicomiso y la figura jurídica cambia radicalmente".

La comisión, que concluyó ayer sus actividades, fue creada el 8 de marzo y se instaló el 16 de mayo pasado para dar seguimiento al presunto fraude en el fideicomiso minero por 55 millones de dólares y posteriormente se amplió para dar seguimiento a los hechos violentos en Lázaro Cárdenas.

El informe señala que no puede emitir resolución alguna sobre la problemática de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Michoacán.