Para hacer esta afirmación se apoya en la ley electoral, así como en dos jurisprudencias y una tesis relevante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que "sólo en casos extraordinarios y excepcionales se autorizaría volver a contar los votos".

En su documento de casi 700 páginas que en términos legales presenta como "tercero interesado", evidencia que el tribunal en este tema ha mantenido invariable su criterio.

Reproduce en su documento la tesis jurisprudencial S3ELJ-14/2004, que establece que la apertura de paquetes "constituye una medida última, excepcional y extraordinaria, que únicamente tiene verificativo cuando, a juicio del órgano jurisdiccional (tribunal), la gravedad de la cuestión controvertida así lo exige y pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo".

La tesis S3EL-023/99 determina que de no concretarse las hipótesis de excepción establecidas en la ley, "no hay lugar a proceder a la apertura de los paquetes electorales, aun cuando se aduzca que existe común acuerdo sobre el particular, entre partidos y autoridades electorales".

"El hecho de que determinados rubros del acta de escrutinio y cómputo aparezcan en blanco o ilegibles, o el número consignado en un apartado no coincida con otros de similar naturaleza, no es causa suficiente para anular la elección", señala la tercera tesis del tribunal.

Por ello, sobre la base de estos criterios, para el PAN, sólo en casos en que no fuera posible conocer los valores de los datos controvertidos habría que acudir a fuentes originales, o sea, volver a contar los votos.

Sin embargo, en opinión de Acción Nacional, con las pruebas que ha ofrecido a la autoridad electoral, este no es el caso.

Argumenta que de las 130 mil 488 casillas que se aprobaron para la elección del 2 de julio, sólo en tres no hubo representantes de partidos ni de coalición (2 casillas de Sonora y una de Jalisco). En 129 mil 523 casillas hubo tres o más representantes.

Recuerda que las actas de cómputo y escrutinio las firmaron representantes de los contendientes y ofrece testimonios certificados de que eso fue lo que ocurrió.

Como una prueba más de que las presuntas irregularidades no son del número que ha denunciado la coalición, ofrece los escritos de protesta que sus adversarios tendrían que haber entregado en las casillas.

Ofrece también como prueba clave las actas certificadas del recuento de votos que se hizo en los consejos distritales de 2 mil 870 casillas, a solicitud de sus adversarios.

Con esto pretende demostrar que en esas más de 2 mil casillas, a pesar de que se volvieron a contar los votos el 5 de julio, a petición de la coalición, la diferencia siguió favoreciendo al panista Felipe Calderón.

Otra prueba ofrecida es el informe certificado de la forma en que se eligieron (al azar) 913 mil funcionarios para todas las casillas.

El PAN plantea que también es necesario valorar el informe final de los observadores sobre el desarrollo del proceso, porque estuvieron en las 32 entidades del país.