Por ello, coinciden que ante el trabajo de la dependencia, la asignatura pendiente para la siguiente administración es concluir los casos, eliminar el sesgo político de su actuación, e impulsar una reforma legislativa que dote de autonomía al Ministerio Público respecto al Ejecutivo.

La lista de pendientes incluye los expedientes abiertos contra Andrés Manuel López Obrador por el desacato en el caso El Encino y la revelación de información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; la investigación de Amigos de Fox por presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial del 2000, así como las presuntas irregularidades de Carmen Segura en el manejo de recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

Tampoco ha existido resolución en la averiguación previa contra el empresario Carlos Ahumada, investigado por lavado de dinero; además de la indagatoria del caso San Juan Ixtayopan, pues no se ha procedido contra ninguno de los 18 servidores públicos indiciados, entre los que estaba el jefe de Gobierno capitalino electo Marcelo Ebrard.

Casos a los que se suma la indagatoria por el supuesto autoatentado del 18 de marzo de 2004 que protagonizó el ex gobernador de Oaxaca, José Murat, quien era presunto responsable de falsedad en declaraciones.

Los pendientes de la PGR

El caso más polémico en cuanto a la decisión adoptada por la PGR es "El Encino", ya que después de interponer un juicio de procedencia para desaforar al entonces jefe de Gobierno, y consignar penalmente el caso, el equipo del actual procurador Daniel Cabeza de Vaca decidió no proceder legalmente contra López Obrador.

Margarita Guerra y Tejada, directora del Seminario de Derecho Penal de la UNAM, indicó que al ver esta lista de pendientes es evidente que la PGR ha actuado "con una conveniencia política", al no emitir resoluciones y dejar a los denunciantes en la indefensión. "Esto es gravísimo, pues el gobierno no ha brindado seguridad jurídica a los ofendidos", por lo que indicó que los Ministerios Públicos a cargo de estos expedientes podrían incurrir en delitos contra la administración de justicia.

Sin embargo, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dijo que la solución es una reforma legal que dote de autonomía a los Ministerios Públicos, respecto al Ejecutivo federal y local, para que no se repitan estos casos en los que se ha respondido a tiempos electorales, presiones y conveniencias políticas.