La pregunta es si estamos de acuerdo en que estos principios son necesarios para hacer justicia. ¿Y qué tiene todo esto que ver con tan feroz título? Arrastramos la carga de una tradición inquisitiva alimentada por códigos que establecen que el fin del proceso es “descubrir la verdad histórica”.

El “cómo” ya no lo dice la letra impresa, pero no hace falta: basta con que establezca un tiempo, que es la averiguación previa, y un espacio, que son los separos de la policía, para que ésta aplique a los detenidos las técnicas de interrogatorio transmitidas de generación en genera ción. Sólo cuando el expediente ya queda armado, in terviene un juez.

En los sistemas en que se respeta la presunción de inocencia, los jueces primero conocen al imputado y luego escuchan los cargos en su contra. En México, cuando el juez recibe al imputado —si es que lo llega a hacer personalmente— el marcador ya le es adverso al inculpado.

Acceder a un juez no es un derecho, es una cala midad, porque las personas consignadas ya van pre sentenciadas. Y cuando se llega a decretar la libertad del acusado en las primeras actuaciones, se dice que el juez lo “soltó”, es decir, ya estaba “atado” y sin embargo lo soltó.

Donde se respeta el principio de inmediatez, todo ocurre en presencia del juez y del acusador; del de fensor y del imputado.

Lo que el acusador público haya investigado le servirá para presentar su caso ante el juez, pero sus pruebas no se introducen automá ticamente al proceso. Lo que no se haga bajo la pre sencia ininterrumpida de todos estos actores cen trales, simplemente no vale.

En México, la Suprema Corte impuso el concepto opuesto de lo que es la inmediatez, al otorgar mayor peso a las primeras declaraciones del inculpado, es decir a las rendidas ante el Ministerio Público, que a las producidas ante los jueces, con lo que éstos quedan a la retaguardia de la policía.

Donde impera el principio de concentración, el juicio se prepara debidamente para llevarse a cabo en uno o en unos pocos días de manera que todo lo que en el mismo se produce quede claro en la mente de los juzgadores. En México, los juicios se desarrollan como El Periquillo Sarniento y otras novelas del Siglo XIX, “por entregas”.

Las pruebas se presentan como epi sodios espaciados a lo largo de meses, de manera que cuando se recibe la última, ya el juez —o el secretario o mecanógrafo que llevó el caso— difícilmente se acuerda de lo aportado al comienzo.

En los sistemas en que hay publicidad los medios de prueba se reciben por primera vez en una audiencia. Esto se conoce como control comunitario en la ob tención de la prueba.

Este elemento es tan importante que en algunos estados de Alemania no sólo se re quiere que estén presentes todos los involucrados. Es necesario, aunque haya público asistente, que la puerta de la sala de audiencias haya estado abierta todo el tiempo.

En México la publicidad es una quimera. Si usted se presenta a una audiencia no entiende nada, pues lo más importante no se ventila en las audiencias, sino que consta en el expediente de la averiguación previa, esa etapa preliminar que se convierte en la definitiva.

Los juicios son públicos en la parte que menos influye en el resultado, una vez que ya pasó lo importante. La publicidad de los juicios se mide por el interés que generan en el público común, en los estudiantes, en los medios, por asistir a las salas de audiencia.

¿De qué otra forma podrían respetarse los ante riores principios si no es con juicios orales? No veo cómo salir de la inquisición y modernizar nuestro sis tema de justicia sin juicios en vivo donde el imputado sea escuchado por jueces (no jurados) observados por la comunidad. Sólo la oralidad permite que la verdad procesal se construya limpiamente a la vista de todos.

Decenas o quizá centenares de abogados, acadé micos y organizaciones de la sociedad civil han reci bido un paquete con materiales audiovisuales que les envía el presidente del Tribunal de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud Mafud.

Al encontrarme recientemente con ese colmilludo jurista, político y escritor, le pregunté por qué tomó esta causa con el fervor de un militante de veinte años. Me contestó que por décadas la gente le ha presentado quejas de “injusticias legales” que él ha podido com probar o, por lo menos, presumir como ciertas, sin poder hacer mucho al respecto y que el remedio de fondo es la reforma al sistema de justicia penal con juicios orales.

Seguramente muchos otros operadores del sis tema observan, con Mafud y con Rubén Darío, que “pierden los débiles y ganan los malos”. Pocos son los que tienen el valor de reconocerlo. Enhorabuena por esta apuesta a la legitimidad de ejercicio del poder.