Con esta resolución queda prácticamente cerrado el caso de la matanza de estudiantes ocurrida en Tlatelolco hace casi 38 años, lo cual provocó uno de los procesos políticos y sociales de mayor encono en la historia de México.

Aunque la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tiene aún la posibilidad de apelar, su oportunidad de éxito es nula, señaló el abogado defensor del ex mandatario, Juan Velásquez, al señalar que el fallo a favor de Echeverría Álvarez -primer ex mandatario en la historia moderna de México al que se le dicta una orden de aprehensión- fue a partir de una simple operación aritmética.

La prescripción de 30 años por el delito de genocidio que operó a favor del ex presidente se dio a partir de las siguientes consideraciones: desde el 2 de octubre de 1968 comenzó a correr. Sin embargo, ese plazo se interrumpió mientras se desempeñó como funcionario público -siete años, un mes y nueve días por ser secretario de Gobernación y presidente-, así que desde el 10 de noviembre de 2005 prescribió el ilícito que se le imputó.

La notificación de la libertad significa también el fin de la prisión preventiva domiciliaria en que se mantuvo al ex presidente desde el pasado 30 de junio, así como el retiro la vigilancia que estableció la Agencia Federal de Investigación (AFI) alrededor del domicilio del ex mandatario, ubicado en la calle de Magnolia número 131, colonia San Jerónimo Lídice.

Otros casi 20 ex funcionarios que habían sido acusados del mismo cargo de genocidio por los hechos de violencia del 68 ya habían sido exonerados desde antes, por lo que a la fecha y con la libertad a favor de Echeverría, no hay nadie a quien se pueda imputar responsabilidad penal alguna por la matanza de estudiantes.

En lo que fue su declaración preparatoria ante el juez federal Ranulfo Castillo Mendoza, Luis Echeverría Álvarez consideró que es absurdo considerar que se cometió genocidio contra el estudiantado nacional, pues insistió en que los muertos del 2 de octubre de 1968 fueron resultado del enfrentamiento entre quienes disparaban y no de la intención de destruir total o parcialmente a los estudiantes, como lo pretende hacer ver la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

En las cinco cuartillas que entregó en aquella ocasión al juez Castillo Mendoza, el ex presidente señaló que si bien nada prueba su presunta responsabilidad en los hechos de violencia del 2 de octubre de 1968, en el supuesto de un delito que se le pretende atribuir a él, la acción penal se habría extinguido ya por haber prescrito el delito.

A pesar del fallo, representantes del Comité del 68, que aglutina a quienes acusaron al ex mandatario y que en aquella fecha eran estudiantes y participaron en el movimiento estudiantil, anunciaron que continuarán con las protestas y la exigencia de que se castigue al ex presidente, y dijeron que podrían recurrir incluso a instancias internacionales para proseguir con su acusación contra Echeverría Álvarez.