Hoy el destino de un grupo de militares portadores de VIH-sida vuelve a depender de la SCJN.

Necesitan un amparo para evitar que el Ejército Mexicano los dé de baja y les retire el servicio médico, por haber contraído el virus del VIH, cuyo tratamiento es muy costoso. Pero su futuro se ha vuelto incierto en el máximo tribunal.

Su caso, el cual fue planteado a través de siete juicios, mantiene divididas las opiniones de los 11 ministros, quienes tienen en sus manos la decisión de ampararlos o no.

Aun antes de que sus juicios sean revisados públicamente, el hecho de que el Ejército literalmente los despida por ser portadores del virus del VIH y les retire toda prestación económica y médica, ha desatado un debate al interior del alto tribunal respecto a si estas medidas pueden considerarse o no discriminatorias, o violatorias del derecho a la salud.

Las respuestas que han surgido en la Corte van hacia ambos sentidos. Un sí, les permitiría seguir en el Ejército, con todas sus prestaciones. Un no, les significaría la baja automática y la pérdida de prestaciones económicas y médicas.

Victorias parciales

Desde hace más de tres años un número indeterminado de elementos del Ejército decidió iniciar una "guerra jurídica".

Su objetivo es la anulación de diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que permiten enviar al retiro forzoso a los militares que contraen, fuera de servicio, una enfermedad, como el sida, que los inutilice para la labor que desempeñan o que genere riesgos de contagio.

Para ello entablaron una serie de batallas en juzgados y tribunales federales, hasta que llegaron al máximo tribunal para pedir el amparo de la justicia ante lo que consideran una norma inconstitucional porque permite se les discrime y se viole su derecho a la salud.

Ahí, en el alto tribunal, ya consiguieron una primera victoria: lograron que los ministros emitieran, el 9 de diciembre de 2005, una tesis que les permite obtener suspensiones para evitar sean no dados de baja y se les quite la atención médica hasta que la SCJN resuelva sus casos.

Pero este triunfo es parcial, porque si al final pierden los juicios de amparo, serán despedidos, sin pensión y sin goce de servicio médico de parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

De momento la SCJN sólo analiza siete juicios de este tipo.

De lo que resuelva en estos casos depende el futuro no sólo de los militares con VIH-sida, sino de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Porque la Ley del Instituto también permite dar de baja a todos aquellos integrantes que lleguen a padecer un mal que los imposibilite para desempeñar sus obligaciones durante más de seis meses.

Los miembros de las Fuerzas Armadas que tienen más de 20 años de servicio y que llegan a presentar este tipo de enfermedades no tienen ningún problema, porque la Ley les garantiza un retiro con todas sus prestaciones.

El problema es para los militares con menor antigüedad y que adquieren una enfermedad que dure más de seis meses, porque son enviados al retiro, recibiendo como único pago una compensación, que es una especie de finiquito económico por los servicios que prestaron.

De acuerdo con esta ley, a estos militares también se les retira, a ellos y a sus familias, la atención médica que otorga Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Posturas encontradas

A partir de enero del presente año, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia comenzó a circular en la Corte dos proyectos de sentencia en los que propone negar los amparos solicitados, bajo el argumento de que no sufren ningún tipo de discriminación y de que la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no viola su derecho a la salud.

De acuerdo con reportes recabados por este diario, Ortiz Mayagoitia plantea desechar, por improcedente, el argumento de que se trata de un caso de discriminación.

Además de que propone declarar que dicha Ley no viola la Constitución porque los militares dados de baja tienen la opción de ser tratados en los demás sistemas de salud.

En los documentos difundidos por Ortiz se justifica el trato que les da el ISSFAM a los militares que son enviados al retiro sin prestaciones.

Para esto último se argumenta que a diferencia de lo que pasa con los trabajares que atienden el IMSS y el ISSSTE, los militares no aportan cuotas para el funcionamiento de su instituto, pues todo su presupuesto proviene de los recursos que le otorga el Congreso de la Unión. De ahí que se justifique, se argumenta, dejen de percibir cualquier tipo de atención si adquieren, por ejemplo una enfermedad como el VIH-Sida.

Los argumentos planteados por Ortiz Mayagoitia han sido bien recibidos por algunos ministros, que consideran pertinente desechar o negar los amparos promovidos por los militares enfermos.

Pero también ha generado el rechazo de otros, como el de la ministra Margarita Luna Ramos quien elaboró un dictamen en el que propone amparar y proteger a los militares enfermos, porque estima que dicha Ley viola varias de las garantías que les otorga la Constitución.

En dicho dictamen Luna Ramos llega a la conclusión de que la Ley viola la carta magna porque "la baja en automático, como medida para sacar del ejército a los militares con VIH cosifica al individuo y daña su dignidad, porque es convertido en un mero instrumento de la maquinaria pública, sin consideración a las relaciones de solidaridad que deben existir entre el individuos y las fuerzas armadas".

La ministra Margarita Luna Ramos critica los proyectos que proponen negar los amparos porque "pasan inadvertido que los miembros del ejército no aportan dinero para los sistemas de seguridad social, pero aportan algo más valioso: su vida, su integridad física y, en cierta medida, renuncian a algunas de sus libertades constitucionales al incorporarse a las fuerzas armadas".

Es en este contexto, que desde hace cuatro meses, el pleno de la SCJN viene aplazando la resolución de este caso, en el que ganará la postura que logre contar con más de seis votos de los 11 ministros que integran el alto tribunal. La decisión está por venir.