Apenas a unas horas de firmado del pacto ante el Instituto Federal Electoral, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se enfrascaron en un debate para defender sus causas.

La guerra de lodo llegó a la tribuna del recinto. Intercambiaron acusaciones mutuas, referencias al pasado incómodo, a la huella que denota falta de credibilidad en sus carreras políticas.

Al final, un gol por bando.

La Comisión Permanente aprobó dos puntos de acuerdo. Uno, que la Procuraduría General de la República y la Contraloría del Gobierno capitalino investiguen el origen y uso de recursos en la campaña de López Obrador, además de que el Instituto Federal Electoral indague la posible comisión de conductas irregulares de financiamiento a las campañas del Partido de la Revolución Democrática.

Del otro lado, los perredistas respondieron con un punto de acuerdo, también aprobado, para que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, comparezca junto con el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Subiría; el director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, y la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda.

Los llamados a comparecer tienen que informar sobre lo que ha trascendido en relación con el caso de Diego Hildebrando Zavala, y el conglomerado de empresas involucradas y el resultado del pago de impuestos de las empresas en las que está envuelto.

En el punto de acuerdo propuesto por el PRD, también se pide una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, así como de la PGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para que esclarezcan los tipos de contrato, las fechas de suscripción, los montos, las condiciones y el cumplimiento de éstas, y el resultado del pago de impuestos de Diego Zavala, y de sus empresas.

También se pide que la Secretaría de Hacienda a través del SAT ordene la auditoría fiscal al conglomerado de empresas relacionadas en el caso de Diego Zavala.

El diputado panista Juan Molinar Horcasitas empezó el fuego al presentar el punto de acuerdo para investigar las presuntas irregularidades de la coalición Por el Bien de Todos, las presuntas triangulaciones de recursos en el GDF, a través de obras para beneficiar al final la campaña del tabasqueño, y cobros a taxis piratas.

Vino entonces el diputado federal Pablo Gómez, para defender la causa lopezobradorista. Pidió al PAN presentar una denuncia, que minutos después fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR).

"Han estado como chachalacas", dijo y sobre la existencia de un papel firmado por Calderón respecto de su "cuñado incómodo", respondió: "Ningún tonto firma eso cuando hay tráfico de influencias".

Justificó la cantidad de spots que ha sacado la coalición al argumentar que dosificaron el dinero para cerrar con una gran cantidad al final.

El diputado panista Molinar Horcasitas fue el encargado de responder el debate, y dejó entrever que la existencia de actos piratas es sinónimo de corrupción.

Los priístas sólo veían divertidos el peloteo entre PAN y PRD.

Al relevo del PRD llegó el diputado Inti Muñoz, para señalar la poca credibilidad de los documentos con que el PAN quiere demostrar el fraude en el gobierno capitalino.