Los alcances de la auditoría tendrán como límite los hechos contenidos en el informe que presentó la Secretaría Ejecutiva en relación con los diversos señalamientos que se han realizado en medios de comunicación tanto impresos como electrónicos en el sentido de la supuesta participación de la empresa Hildebrando y/o Diego Zavala Gómez, cuñado del candidato del Partrido Acción Nacional a la Presidencia de la República, dijo Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE.

Además, destacó que la auditoría sería realizada "por un tercero independiente" y sus resultados se darían a conocer en el seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Luis Carlos Ugalde informó de lo anterior a Alberto Begné, vocero del Acuerdo Democrático por la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad, que hoy sería firmado en las instalaciones del instituto por dirigentes de partido.

Ayer, en la sesión del Consejo General del IFE, en el informe del secretario ejecutivo Manuel López Bernal, se sostuvo que Diego Zavala Gómez no tiene ninguna relación comercial con el instituto electoral.

Los consejeros Rodrigo Morales y Marco Gómez Alcántar señalaron que la base de datos del Instituto Federal Electoral relacionada con el padrón de votantes, el programa de resultados preliminares y el conteo rápido, está blindada.

De acuerdo con el consejero Morales, el diseño, programación y operación de los sistemas informáticos del IFE, están fuera del alcance de las empresas contratadas para ofrecer servicios al instituto.

El informe de la Secretaría Ejecutiva fue escuchado por todos los representantes de los partidos y ninguno de ellos objetó su contenido.

Durante la misma sesión del Consejo General, se informó que la autoridad electoral ya concluyó la entrega de la paquetería electoral a los 300 distritos y se hizo la verificación de las medidas de seguridad para el manejo de la documentación.

A solicitud de Felipe Solís Acero, de la Alianza por México, se devolvió a la Secretaría Ejecutiva el proyecto sobre criterios y lineamientos que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan realizar encuestas de salida y conteos rápidos el 2 de julio.

Solís Acero se quejó de que no se consensuó el documento.