En la Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) son sólo dos los oficiales responsables de una difícil tarea. Monitorean todos los días páginas de pornografía infantil, simulando ser menores que navegan en la red o pedófilos en busca de contacto con niñas o niños.

Ellos forman parte de un equipo de cuatro oficiales que, desde la creación del Departamento de Delitos contra Menores de la Policía Cibernética, en 2001, han recuperado a 96 niños y niñas víctimas de explotación sexual, secuestro o adopciones ilegales.

También han colaborado en la detención de 51 agresores de menores y realizan investigación encubierta en las zonas identificadas como focos rojos para la explotación, la prostitución y el turismo sexual infantiles.

Después de cumplir con su jornada laboral y de haber visto por semanas páginas con pornografía infantil, regresan a sus casas sin recibir ningún tipo de apoyo sicológico.

Para estos agentes, sin embargo, lo más frustrante no es la exposición continua a las crudas imágenes de menores abusados, sino las limitaciones legales que enfrentan para intervenir cuando detectan casos de pornografía o de explotación sexual infantil.

"No nos preocupa estar expuestos a este tipo de imágenes, sino el que investigaciones, el trabajo de meses, no se concluyan por falta de una legislación adecuada", explica el suboficial Roberto C., quien agrega que la PFP ha propuesto reformas a los legisladores para combatir este ilícito.

Sin embargo, no ha habido respuesta hasta ahora al proyecto de crear un Registro Nacional de Agresores Sexuales e integrar una Base Nacional de Datos de Menores Desaparecidos, herramientas básicas para investigar este delito.

Tampoco se ha logrado, explica, que los proveedores de servicios de Internet den información a la policía sobre las páginas que promueven delitos contra menores y sobre sus usuarios.

Pero quizá lo más difícil, reconoce, es tener información sobre posibles abusos contra menores y carecer de facultades para actuar "pues el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación en México y nosotros no podemos intervenir sin una orden ministerial, a menos que haya flagrancia".

De ahí la dificultad de detener a un pedófilo cuando está abusando de un menor en un domicilio, pues para lograr una aprehensión se requiere de todo un trabajo previo de investigación, que implica mucho tiempo e involucra a diferentes instancias.

El lado positivo de esta metodología, admite, es que ha permitido a la Policía Cibernética saber con anticipación de la creación de nuevas comunidades en internet y la realización de fiestas y reuniones de pederastas, a las que se envían agentes encubiertos para verificar la presencia de menores.

El portal de la Policía Cibernética, hospedado en la página de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ofrece información más bien limitada sobre las actividades del Departamento y carece de estadísticas sobre los resultados de su actuación.

Aunque ofrece reportar la desaparición de menores y hacer denuncias en línea, los datos de seguimiento no están disponibles para todo el público, los enlaces son escasos y no se mencionan programas contra ciberdelitos, sino resultados de operativos.

En contraste, la Oficina de Investigación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense, de la que depende el área encargada de perseguir los cibercrímenes, cuenta con un portal que ofrece acceso a todas las bases de datos estatales disponibles.

El ICE también creó un Sistema Nacional de Víctimas Infantiles, en coordinación con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, el Buró Federal de Investigación (FBI) y otras agencias.

La oficina tiene agentes en el extranjero y trabaja con la Interpol, además de crear el programa Depredador, para identificar, investigar y arrestar a los acosadores de niños.

El impacto psicológico

Además de las limitaciones legales y de atribuciones, el Departamento de Delitos contra Menores de la Policía Cibernética enfrenta otra carencia importante: sus investigadores no reciben terapia para manejar los efectos de la prolongada exposición a la pornografía infantil, a diferencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Para suplir esta carencia, el equipo ha desarrollado su propia estrategia: con la asesoría de una de sus integrantes, sicóloga de profesión, ha creado un grupo de terapia que se reúne tres o cuatro veces a la semana para tratarse.

"No hemos detectado problemas psicológicos, pero sí hemos encontrado que se puede llegar a afectar la sensibilidad ante las imágenes y que, después de un tiempo ya no parecen tan impresionantes", explica el agente Roberto C.

Por ello, también rotan cada seis meses a los oficiales encargados del monitoreo de páginas y tratan de que la exposición al material no exceda de cuatro a seis horas por día, y destinar el resto de la jornada a otras actividades, preferentemente ejercicio físico.

Para Vicenta Hernández Hadad, especialista en Educación Sexual e integrante de la Sociedad Mexicana de Psicología, estas medidas no son suficientes, ya que los investigadores expuestos a material sexualmente explícito corren el riesgo de sufrir el mismo impacto emocional que una víctima de abuso sexual.