Destaca que del total de expedientes, 41% son contra servidores públicos federales, estatales y municipales, que presuntamente han incurrido en delitos electorales en favor de un candidato o partido, aprovechando sus cargos.

María de los Ángeles Fromow Rangel, titular del área, reveló que hasta el momento se integran 92 denuncias contra funcionarios de los tres niveles de gobierno, que incluyen investigaciones por el uso de programas sociales con fines electorales, entre las que están la utilización indebida de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Diconsa, de la Sedesol, la aplicación del Seguro Popular, los apoyos del DIF en estados y en materia educativa.

Las cifras son el resultado de las campañas con miras a las elecciones del próximo 2 de julio, y que se ha traducido en decenas de denuncias penales por parte de los diversos partidos y particulares, por la presunta injerencia de servidores, de todos los niveles, en este proceso.

La estadística revela que a siete meses de que arrancó formalmente el proceso electoral y a 38 días de que se realicen las elecciones, suman 224 las denuncias presentadas ante la Fepade por la presunta comisión de delitos electorales.

Tan sólo en los dos últimos días se presentaron tres denuncias más, una de las que involucra a secretarios de Estado y empleados de dependencias del gobierno federal por una campaña vía correos electrónicos, contra el candidato de la coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Otra denuncia más la presentó el PAN del Distrito Federal, contra el jefe de Gobierno capitalino Alejandro Encinas, y una más alude a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en Morelos, por compra y coacción del voto con recursos del programa Oportunidades, una lista que se podrá incrementar en los próximos días, ante la lucha electoral por los mil 431 cargos de elección popular.

Los delitos frecuentes

Fromow Rangel detalló en entrevista que en el caso de las 92 averiguaciones previas que se integran contra servidores públicos, 17 son contra funcionarios federales, 47 contra estatales y 28 más municipales.

Las conductas delictivas denunciadas más recurrentes son el desvío de recursos públicos y materiales a partidos o candidatos, la presión a subordinados para apoyar una campaña, o el condicionamiento del voto de servidores públicos por parte de sus superiores, señaló.