Junto con el responsable del operativo desplegado en esa localidad, también comparecieron Remedios Estrada Colín, subdirector operativo de la zona metropolitana de la ASE, y David Vital Espinoza, coordinador de subdirecciones del valle de México.

Aunque la Procuraduría de Justicia del estado de México aseguró que no integra ninguna nueva averiguación previa para sancionar a los policías señalados como presuntos responsables de violaciones, tortura, allanamiento de morada y otros excesos, se informó que las declaraciones de los funcionarios "se están integrando a las denuncias abiertas por el Ministerio Público".

En los últimos tres días un total de 50 elementos tanto de la PFP como del grupo ASE, incluyendo mandos superiores que estuvieron al frente del operativo, han acudido a declarar ante el Ministerio Público en las propias instalaciones de la Procuraduría de Justicia del estado.

Ayer, además de Wilfrido Robledo y dos de sus subalternos, fueron citados otros cinco policías con rango menor que participaron en el agresivo desalojo de Atenco.

Inventario de daños

Por su parte el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, aseguró que el gobierno mexiquense no está en condiciones de iniciar una investigación por las presuntas violaciones sexuales cometidas contra mujeres por parte de policías, ya que no hay bases jurídicas para hacerlo, al no existir ni exámenes ginecológicos ni denuncias penales concretas.

Informó que se inició un levantamiento para cuantificar los daños que provocaron en domicilios particulares los policías que participaron en el desalojo.

A su vez, el presidente de Tribunal Superior de Justicia, José Castillo Ambriz, informó que el Ministerio Público tiene hasta 90 días para reunir elementos y presentar nuevas pruebas en contra de las 17 personas que fueron exoneradas por diversos delitos relacionados con las detenciones en Atenco.

Detalló que a más tardar en un mes serán resueltas las apelaciones que interpuso el MP en contra del auto de libertad, por delincuencia organizada, que se decretó a favor de 172 detenidos.