Además, los presuntos agentes estatales aseguran en el video que los policías que participaron en el operativo tenían la orden de disparar en caso de que peligrara su vida y detener a "la gente que se pudiera", incluso, golpearla cuando no hubiera medios de comunicación.

Según los testimonios videograbados por el Centro Pro, los supuestos policías estatales -que aparecen con el rostro cubierto y con la voz distorsionada- señalaron a Wilfrido Robledo, titular de la Agencia Estatal de Seguridad, y al comandante David Pintado Espinoza, como los jefes al mando.

Aseguran que un policía estatal -cuya identidad no revelaron- disparó en contra del menor.

Dicen en el video que en los operativos del miércoles 3 y jueves 4 de mayo había policías armados con R15, escopetas y pistolas de 38 y 9 milímetros y que detuvieron, a punta de patadas y toletazos, a personas que no tenían nada que ver con el conflicto, porque "ya no buscaban quién la hizo sino quién la pagara".

Afirman que la instrucción expresa para los policías era disolver a la gente que impedía el ingreso de los elementos de la fuerza pública, ingresar por la fuerza a las viviendas y "llevarnos a la gente que pudiéramos, todo lo que se moviera".

Otra orden -refieren los presuntos policías estatales en la cinta- era: "Pegarle a la gente cuando no hubiera medios de comunicación".

En el video aparecen tres presuntos policías estatales, cuyos rostros fueron cubiertos y sus voces distorsionadas para evitar, a petición suya, que fueran identificados.

En su testimonio, uno de los policías narró que el jueves 4 de mayo hubo personas del pueblo que acompañaron a los uniformados para señalar los domicilios en donde estaban escondidos estudiantes y líderes de organizaciones sociales.

"La orden fue sacar a todo tipo de gente y asegurarla. Ya no interesó si eran líderes y si eran personas que participaban en las marchas, ya no buscaban quién la hizo sino quién la pagara".

Dijeron que tanto policías estatales como federales saquearon las casas y se llevaron cosas como dinero y joyas que podían guardar en sus pantalones para no ser descubiertos.

Los supuestos policías señalaron que iban armados porque "siempre que venimos a los servicios nunca da tiempo de desarmarnos".

Dijeron que el adolescente Javier Cortés Santiago murió por el disparo directo que le dio un policía estatal con una pistola 38 especial.

-¿Le disparó al calor de los hechos o fue de manera directa?- se escucha en la cinta la pregunta de alguien quien no identificado.

-De manera directa, ya que el niño lo estaba descubriendo que estaba escondido, dijo que había un policía estatal y sacó el arma y disparó.

¿Ya se acabó la guerra?

Después de que se presentó este video, en la conferencia de prensa del Centro Pro una mujer narró vía telefónica lo sucedido en su vivienda.

"Entraron con armas de fuego y gases lacrimógenos y nos dijeron: ya los cogió la chingada".

Aseguró que de su casa sacaron a golpes a tres hombres y que Alejandro Santiago, Teodoro Martínez y Rafael Medina -habitantes de San Salvador Atenco- señalaban las viviendas a donde debían entrar los policías.

"Los niños nos preguntan ¿ya se acabó la guerra? y todos estamos asustados porque dicen que hay por ahí judiciales vestidos de civil".

Exigen renuncias

Organismos civiles de derechos humanos señalaron que los hechos ocurridos en San Salvador Atenco son responsabilidad del Estado y demandaron el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los abusos policiacos.

Exigieron la renuncia inmediata de Wilfrido Robledo, el comisionado general de la Agencia Estatal de Seguridad; de Abel Villicaña, procurador de justicia del Estado de México; y de Eduardo Medina-Mora, secretario de SSP federal, por su responsabilidad al mando de los elementos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos pidieron que aunque en algunos casos no hay denuncias expresas las autoridades judiciales están obligadas a investigar los hechos que son públicos y constitutivos de delitos -como es el caso de las violaciones sexuales- a fin de ejercer la acción penal en contra de los policías responsables.

Señalaron que, además, se debe reparar el daño a las víctimas y adoptar medidas de no repetición, "pues ya vimos ejemplos de brutalidad policiaca en la Cumbre de Guadalajara de mayo del 2004 y no se hizo nada para evitar otra situación similar".