De acuerdo con el rol de turno que se lleva en el alto tribunal, la demanda que promovieron los senadores le corresponde analizarla a Aguirre Anguiano, por lo que se espera que el lunes (porque este viernes es festivo) el presidente de la SCJN, Mariano Azuela, le envíe el caso para su análisis.

Como primera medida, Sergio Aguirre deberá decidir si admite o no a trámite el juicio de acción de inconstitucionalidad que presentaron los legisladores.

Fuentes del alto tribunal consideraron como poco probable que el asunto sea rechazado.

En este tipo de asuntos, explicaron, generalmente terminan siendo admitidos, pues lo único que se revisa es que se cumpla con los requisitos de forma, como es que la demanda haya sido promovida por 33% de los legisladores de la Cámara de Senadores y que hayan sido señalados de manera clara las leyes y los apartados que consideran inconstitucionales y que piden que sean invalidados.

Una vez que sea admitida la demanda, la rapidez con que se resuelva va a depender de si el asunto es considerado prioritario o no en la SCJN.

De no ser considerada una prioridad, el juicio podría resolverse hasta el 2007, de acuerdo con fuentes del alto tribunal.

Las normas que rigen el funcionamiento del alto tribunal no establecen un plazo límite para que resuelva este tipo de casos, salvo cuando se trata de temas relacionados con leyes electorales, por lo que los ministros de la SCJN manejan de manera discrecional el tiempo.

Cuando un asunto de esta índole es considerado prioritario, puede ser resuelto en un promedio de dos meses.

El procedimiento que debe seguir una acción de inconstitucionalidad, establecido en la ley reglamentaria de este juicio, establece que una vez admitida la demanda se deben otorgar 30 días para contestarla y cinco para formular alegatos.

Después de este plazo, si no hay incidentes, el ministro encargado del juicio está en aptitud de elaborar el proyecto de sentencia y presentarlo ante el pleno de la SCJN para su resolución.

El problema es que esto prácticamente no ocurre en el alto tribunal, donde los juicios de acción de inconstitucionalidad suelen tardar más de seis meses en resolverse, y en algunos casos hasta más de un año.

Tan sólo de enero a mayo del presente año, el pleno de la Corte sólo ha resuelto dos juicios de este tipo que databan de 2005.

Eso sin contar que en este mismo periodo ingresaron a la Corte 25 juicios de acciones de inconstitucionalidad, los cuales se sumaron a los aproximadamente 10 que quedaron rezagados del año pasado.