El dictamen, del que EL UNIVERSAL tiene copia, será votado en la Subcomisión, inicialmente con el apoyo del PRI, el próximo miércoles, para que el jueves se lleve al pleno de San Lázaro y éste lo turne, vía comisiones, a la Sección Instructora a fin de que desahogue el proceso legislativo.

Ciudadanos poblanos y el líder del PRD en San Lázaro, Pablo Gómez, solicitaron juicio político contra Marín Torres por considerar que violó la Constitución al transgredir los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho supuestamente a petición del empresario textilero Kamel Nacif.

De acuerdo con el documento, que podría aún sufrir algunas modificaciones durante la reunión que tendrá mañana la Subcomisión, se encontraron indicios de violación a los artículos 1º, 5º, 6º, 7º, 17, 19, 20 en su segunda fracción y último párrafo, 21, 22, 40, 41, 49 y 116 de la Constitución.

Se hace notar en la página 14 del dictamen que aún se discutirá que "es igualmente grave la violación a la Constitución en agravio de los derechos fundamentales de una persona como lo sería la violación a los derechos fundamentales de un grupo de personas".

Las pruebas documentales presentadas en las tres denuncias contra el gobernador Marín y aceptadas por los integrantes de la Subcomisión, conformada por legisladores de las Comisiones de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, son: recortes de periódicos y los audios de las conversaciones de Nacif con el gobernador Marín y con el señor Luis Ángel Casas Arellano, así como las entrevistas que concedió el mandatario a los periodistas Carlos Loret, Joaquín López-Dóriga y Sergio Vicke.

"Cometió omisiones"

Este dictamen inicial señala en su argumentación que los denunciantes sostuvieron que, en su proceder sobre Lydia Cacho, el gobernador poblano cometió actos y omisiones que constituyen "violaciones graves" a la Constitución y a las leyes federales, además de que invadió esferas de competencias.

El punto tres del documento argumenta que procede la acumulación procesal de los expedientes marcados con los números JP/103/06, JP/105/06 y JP/108/06, respecto a las denuncias de juicio político contra Marín presentadas por el diputado perredista y por dos grupos de ciudadanos poblanos.

Más adelante, en el punto seis se esgrime: "Ahora bien, de los elementos de prueba aportados se desprende la presunción de ser ciertos los hechos que pudieran constituir violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, así como al principio de división de poderes".

En el segundo párrafo del punto siete del dictamen se establece que "resulta grave", a juicio de esta Subcomisión de Examen Previo, la presumible violación a la Constitución pues los derechos humanos son base, fundamento y esencia de la dignidad humana.

Agrega que los derechos humanos constituyen una de las grandes preocupaciones como reacción a las barbaries y a la falta de respeto a esa dignidad humana y destaca que son numerosos los tratados internacionales signados por México en la materia.

"Y porque la autoridad y quien ejerce el poder público que le ha sido conferido por el pueblo debe cumplir y hacer cumplir la norma constitucional y legal, es por lo que este órgano legislativo considera grave la no observancia por acción o por omisión de los principios rectores y protectores de esos derechos que son:

"El principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica y el principio de debido proceso, entre otros y específicamente el Principio de Presunción de Inocencia".

La resolución de cuatro puntos

En el documento, la Subcomisión resuelve en su punto uno que se reunieron los requisitos de procedencia de Juicio Político contra Mario Marín, en el punto dos ordena remitir los expedientes respectivos, en poder de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación, a la Sección Instructora.

Mientras que el punto cuatro aclara que no se prejuzga la responsabilidad del mandatario poblano, el tres señala: "Es procedente la incoación de juicio político en contra del licenciado Mario Marín Torres en su carácter de Gobernador Constitucional del estado de Puebla".