Además, la reforma, que ya fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, incluye la facultad de dar seguimiento a actuaciones y diligencias en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos iniciados con motivo de su intervención.

El Senado aprobó reformas a las leyes de la CNDH, de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal.

Con las nuevas disposiciones la CNDH tendrá la posibilidad de solicitar la aplicación de sanciones penales de hasta un año de prisión, a los servidores públicos que rindan informes falsos.

Protegen a viajeros

También, el Senado aprobó ayer la Ley Federal de Protección a los Derechos de los Pasajeros que, entre otras cosas, establece obligaciones específicas a las aerolíneas cuando sobrevendan los vuelos, retrasen o suspendan el servicio o aterricen en un lugar diferente al destino.

Algunas de estas reglas ya se aplican a las aerolíneas, particularmente a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero que ahora serían parte de una legislación específica.

Tras su aprobación por el pleno del Senado, la minuta de esta iniciativa de ley fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual votación.

Entre los derechos de los pasajeros se estableció que deben recibir información objetiva, neutral y que incluya opciones favorables sobre horarios, tarifas, destinos, escalas desde el momento en que realiza su reservación.

En el caso de sobreventa de un vuelo, la aerolínea deberá solicitar voluntarios que renuncien a sus asientos a cambio de compensaciones. Si no hay voluntarios, el transportista deberá pagar a los afectados una compensación, y en su caso, pagarles alimentos suficientes, alojamiento en hotel.

En otro tema, el Senado aprobó ayer la creación de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para proteger y defender derechos e intereses de quienes pagan impuestos.

Esta legislación, que logró sortear un veto presidencial impuesto el 28 de abril de 2005 tras diversas consultas entre diputados y senadores, busca acabar con la indefensión de las personas físicas y los pequeños contribuyentes que no cuentan con los medios suficientes para defender sus derechos ante un acto de abuso de la autoridad fiscal.

El ombudsman fiscal será designado por el Senado entre los candidatos que reproponga el Presidente y durará en su cargo cuatro años, con posibilidad de ser ratificado para un segundo periodo.

(Con información de Alejandro Torres y Notimex)