El panista González Morfín reveló que antes del 30 de abril, día que concluye el último periodo ordinario de sesiones de la Cámara, la subcomisión de examen previo sesionará a fin de determinar si da entrada a la demanda de juicio político contra el gobernador Mario Marín.

Gómez Álvarez expuso a su vez: "La Suprema Corte está obligada a hacerlo (investigar el caso) en la medida en que un poder se lo está pidiendo. Es así como yo interpreto, de manera sistemática y completa no una palabra de la Constitución sino su precepto en la totalidad".

Su correligionario Eduardo Espinosa, vicecoordinador perredista en San Lázaro, advirtió que se solicitó la intervención de la Corte porque "a todas luces observamos" la violación a las garantías individuales de Lydia Cacho; "Si la Corte no lo quiere ver, entonces la Corte también es ciega", atajó.

Ayer el pleno de la Corte inició la discusión para definir si crea una comisión de ministros y ejercer -a petición de las cámaras de Diputados y de Senadores- su facultad extraordinaria de investigación sobre el gobernador y varios de funcionarios de Puebla.

Los ministros aplazaron el debate de ayer sobre la solicitud de ambas cámaras, cuando se encontraba una votación de seis a favor de crear la comisión y dos en contra.

Marín es acusado de haber utilizado su cargo para atentar, por solicitud del empresario Kamel Nacif, contra los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del edén, donde se vincula al textilero con una red de pederastia.

González Morfín consideró que la mayoría de la cámara hizo una petición concreta al máximo tribunal, ya que se trata de un caso que ha lastimado mucho a la sociedad.

Por separado, el perredista Eduardo Espinosa indicó que si bien los resultados de la investigación que realice la Corte no son obligatorios ni establecen sanción, si se comprueba que el gobernador violó la ley tendrá la obligación moral de renunciar a su cargo.