Después del receso de Semana Santa, el pleno del alto tribunal programó para este lunes discutir la petición que hicieron las cámaras de Diputados y Senadores con el propósito de "que nombre a algunos de sus integrantes para que averigüe los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales en perjuicio de la ciudadana Lydia Cacho, en donde pudieran estar involucrados el gobernador constitucional del estado de Puebla, la procuradora general de Justicia de dicha entidad, así como la juez de la causa".

Como primer punto de la sesión, los ministros revisarán una queja que promovió la Cámara de Diputados en contra del presidente de la propia Corte, Mariano Azuela Güitrón, por considerar incorrecto un acuerdo que emitió en el que dio por "desahogadas" las pruebas que le enviaron los legisladores sobre el caso de la periodista.

El ministro Genaro Góngora propondrá otorgarles la razón a los diputados en este punto, pero según fuentes de la SCJN, al final lo que suceda con la queja de los legisladores será intrascendente porque no influirá en la resolución de fondo, que tiene que ver con el hecho de si la Corte investiga o no las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho.

El ministro encargado de revisar la petición del Congreso de la Unión, Guillermo Ortiz Mayagoitia, le propondrá al pleno de la SCJN no intervenir en este caso, porque, en su opinión, este un asunto que ya está siendo atendido por la Procuraduría General de la República (PGR), desde el punto de vista penal, y por la Cámara de Diputados, mediante juicio político.

Ortiz Mayagoitia les recordó a sus compañeros del tribunal que la Constitución, en su artículo 97, les permite investigar violaciones graves a las garantías individuales, pero no los faculta para emitir sanciones ni castigos, de ahí que las conclusiones a las que pudieran llegar en este asunto tendrían el carácter de meras recomendaciones.

Mientras que, precisa, la PGR y la Cámara de Diputados sí tienen atribuciones para llegar a establecer castigos de tipo penal y político, respectivamente.

La opinión de Ortiz Mayagoitia no es compartida por algunos de sus compañeros del Pleno. Fuentes de la SCJN confirmaron que hay ministros que consideran que este caso puede sentar importantes precedentes para la defensa de la libertad de expresión, así como para no socavar la credibilidad del sistema de impartición de justicia en el país.

Es en medio de este escenario que los ministros buscarán someter a votación si la SCJN investiga o no las presuntas violaciones graves a las garantías de la periodista Lydia Cacho.

No existe ningún elemento que obligue a la Corte a aceptar la petición de los legisladores, pues el artículo 97 de la Constitución faculta al máximo tribunal para decidir, de manera discrecional, si acepta o no investigar hechos en los que se estime que se incurrieron en violaciones graves a los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna.

Los legisladores habían solicitado la intervención de la SCJN desde el 23 de febrero pasado, pero Azuela les pidió que presentaran pruebas y elementos adicionales que reforzaran y sustentaran su petición.

Una vez que ambas cámaras del Congreso dieron respuesta al planteamiento de Azuela, éste admitió a trámite la petición y el caso se le turnó al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Para sustentar su solicitud la Cámara de Diputados le entregó a la Corte un disco compacto; el libro Los demonios del Edén, de Cacho; copias certificadas de diversas versiones estenográficas de las sesiones en las que se decidió solicitar la intervención de la Corte en este caso; además de un paquete con elementos adicionales; así como una carpeta con notas periodísticas, que constan de 79 fojas.

Posteriormente, a lo largo de casi un mes, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia recabó toda la información que se había generado en torno de este asunto.

Como parte de este proceso recibió informes de parte del gobernador de Quintana Roo y de la Procuraduría de dicha entidad; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y copia de las dos averiguaciones previas que mantiene abiertas la PGR en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín.