De ese monto, 26 mil 404 millones corresponden al Poder Ejecutivo; 6 mil 679 millones a gobiernos estatales, municipales, Distrito Federal y delegaciones políticas; 61 millones al Poder Legislativo y 13 millones al Poder Judicial.

En el caso de los 6 mil 679 millones de pesos adjudicados a gobiernos estatales, el informe advierte que 2 mil 790 millones tienen que ver "con un probable daño o perjuicio a la hacienda pública, causado por el gobierno del estado de México, al canalizar esos recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para el pago de nómina, pero sin comprobar la aplicación de esos salarios para el magisterio estatal".

El titular de la ASF, Arturo González de Aragón, habló de riesgos por la falta de transparencia en el gasto y administración del erario y mencionó rubros donde, recomendó, se tienen que apuntalar las políticas de rendición de cuentas:

"La eficiencia recaudatoria del Estado; fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos; pensiones y jubilaciones; recursos federales transferidos a estados y municipios; proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas); recursos destinados a procesos electorales; sistema contable gubernamental; sistema de evaluación y desempeño; donativos de recursos públicos; mejora regulatoria; y remuneraciones de servidores públicos".

Procesos electorales

En entrevista, aclaró que hasta el momento no se puede hablar de desvío de recursos federales a procesos electorales en el año 2004 -hubo elecciones locales en 14 entidades del país-, pero advirtió del incumplimiento de la norma en la aplicación de fondos educativos:

"No puedo afirmar desvíos hasta que pasen los 45 días hábiles para resarcir observaciones. Pero doy un ejemplo: el fondo de apoyos a la educación básica que operan prácticamente todas las entidades federativas es el fondo con más recursos, a través del cual se transfieren recursos federales; el fondo tiene toda la claridad en cuanto a las normas, y una de ellas es que los fondos cubran las plazas federales, y hemos encontrado casos en donde no se observa este tipo de normatividad".

Ante los diputados de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, González de Aragón explicó que rubros con opacidad "muestran distintos grados de riesgo", pero también "deficiencias en el cumplimiento de objetivos y metas, inobservancia de principios básicos de contabilidad gubernamental, deficientes sistemas de registro, supervisión, control y rendición de cuentas".

Alertó que lo anterior "es lo que hace que la cosa pública no cumpla de forma adecuada con su responsabilidad en el manejo transparente de los recursos públicos".

Denuncias por Fonden

De la Cuenta Pública derivaron 342 promociones de fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias y tres denuncias de hechos. De estas últimas dos son en contra del coordinador de Protección Civil del estado de Baja California y del director de Protección Civil del estado de Nayarit.

Se lee en el informe: "Del Fondo Revolvente del Fonden que en el año 2004 operó la Secretaría de Gobernación, se revisó 90.5% del universo total. de lo cual se derivaron los principales resultados: Sin existir declaratoria de emergencia, se entregaron bienes de las reservas estratégicas de 2003 y 2004 a entidades federativas que no tenían que responder a emergencias, ni tenían tampoco alta prioridad de que ocurriera un desastre natural".

También se detectaron: "Compras directas de medicamentos a precios superiores al promedio. Entrega de bienes de la reserva estratégica a municipios sin mediar declaratoria de emergencia, ni autorización de las coordinaciones de Protección Civil de las entidades federativas".