Durante su visita a México, como parte de la delegación española que asiste al cuarto Foro Mundial del Agua (1971), el también titular de El canal de Isabell II —compañía pública de la comunidad autónoma de Madrid de desarrollo tecnológico para el saneamiento del agua— anunció que se firmará un convenio con las asociaciones mexicanas del agua para el mejoramiento de infraestructura, mantenimiento y aplicación de tecnologías.

El representante de la agencia española señaló que en América Latina existen 517 millones de habitantes, de los cuales 14% tiene disponibilidad de saneamiento, aunque en el caso de México el acceso a biorreparación es para 34% de la población.

Expresó que en nuestro país se requiere más acciones y acuerdos de gestión que de financiamiento, por lo que el acuerdo que se celebrará este día, en el marco del encuentro internacional, será en el sentido de suministrar herramientas tecnológicas para la captación de agua, ingeniería, planificación, optimización de recursos, y reducción de pérdidas de agua potable.

Gaspar Cienfuegos, quien se ha ocupado cargos de gestión de agua por más de dos décadas, comentó que en un escenario de hacer accesible el agua potable a una mayor cantidad de personas se debe dejar de lado el debate entre lo público y lo privado.

El acceso al agua es un derecho fundamental para la dignidad humana, y por lo tanto, ante el argumento no puede haber más discusión.

“El debate ha quedado superado en varias partes del mundo, en Europa, en España y México lo tiene como principio explícito en su Constitución, de tal manera, que la discusión que ahora se realiza en torno al Foro, es más una polémica politizada”.

El agua, como un bien público, se convierte en dominio del Estado; sin embargo, el Estado no siempre tiene recursos para invertir en la mejora del líquido, mantenimiento de la infraestructura y ampliación de la red hidráulica.

Son esas necesidades, las que hacen que la oportunidad quede abierta a inversiones privadas. señala. En algunos países lo público ha funcionado bien y en otros la oferta privada ha cubierto esas necesidades.

La oposición a que las empresas privadas participen se debe a que, en particular, en América Latina se presentaron experiencias en donde “los procesos fueron mal hechos, porque generaron tarifas más altas y generaron corrupción”.