Mediante un acuerdo que les notificó ayer a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, Azuela les hizo saber a los legisladores que el caso, registrado con el número 2/2006, se le turnó, por estricto orden, al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

La decisión de Azuela no significa que la Corte investigará el caso, sino únicamente que, de momento, la solicitud del Congreso fue admitida para ser estudiada. En los próximos días Ortiz Mayagoitia tendrá que presentar, ante el pleno de la SCJN, el resultado del análisis que realice.

Una vez que el ministro lleve el asunto ante el pleno del alto tribunal, de manera unánime o por mayoría de votos, la SCJN deberá decidir si este caso amerita que se cree una comisión que investigue los hechos en los que presuntamente se vio involucrado el gobernador de Puebla en la violación de las garantías individuales de Cacho.

No existe ningún elemento que obligue a la Corte a aceptar la petición de los legisladores, pues el artículo 97 de la Constitución faculta al máximo tribunal para decidir, de manera discrecional, si acepta o no investigar hechos en los que se estime que se incurrieron en violaciones graves a los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna.

Los legisladores habían solicitado la intervención de la SCJN desde el 23 de febrero pasado, pero Azuela les pidió que presentaran pruebas y elementos adicionales que reforzaran y sustentaran su petición.

Una vez que ambas Cámaras del Congreso dieron respuesta al planteamiento de Azuela, éste admitió a trámite la petición.

Para sustentar su solicitud la Cámara de Diputados le entregó a la Corte un disco compacto; el libro Los demonios del edén, de Cacho; copias certificadas de diversas versiones estenográficas de las sesiones en las que se decidió solicitar la intervención de la Corte en este caso; además de un paquete con elementos adicionales; así como una carpeta con notas periodísticas, que constan de 79 fojas.

Esperan legisladores investigación

Diputados federales de PRI, PAN y PRD confiaron ayer que la admisión a trámite que dio la Corte a la solicitud de la Cámara de Diputados se traduzca en breve en la investigación que determine si hubo o no violación a las garantías individuales de Cacho por parte del gobierno del estado de Puebla.

Aunque en el caso de los legisladores priístas María de Jesús Aguirre Maldonado (Nuevo León) y Heliodoro Díaz (Oaxaca), éstos plantearon que si la SCJN acepta indagar, lo haga con toda objetividad y llegue también al fondo del caso, para que se castigue, "caiga quien caiga", a las redes de pederastas en México.

Heliodoro Díaz aclaró que la SCJN investigará, pero no sentenciará a nadie, al estar facultada sólo para emitir un informe final que notificará a las instancias que solicitaron la indagatoria.

En entrevista, el coordinador de la diputación federal del PAN, José González Morfín consideró que la SCJN tomó una buena decisión al admitir y turnar la solicitud de investigación de la Cámara de Diputados, y confió en que se inicie la indagatoria.

Por su parte, el vocero de la diputación federal del PRD, Inti Muñoz Santini, consideró: "Ojalá los ministros de la SCJN tengan la sensibilidad necesaria y ejerzan las atribuciones de investigación que tienen para determinar si hubo o no violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho. Su intervención es determinante, para que luego otras instancias gubernamentales actúen en consecuencia y se eviten más casos que lesionen la libertad de expresión en México".

Mientras, la Secretaría de Gobernación aclaró que en ningún momento pretendió solicitar a la Corte la instalación de una comisión investigadora en torno del caso.

(Con información de Juan Arvizu)