Elías Morales Hernández, el actual dirigente del gremio, en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, detalló el origen de la denuncia penal por delitos financieros que presentó el 20 de enero ante la PGR, y adelantó que sus abogados preparan otra demanda contra el banco implicado.

Explicó que en 1988 tras la quiebra de la empresa Mexicana de Cobre se creó un fideicomiso con el entonces Multibanco Comermex, que se integró inicialmente con 5% de las acciones de la compañía, para beneficio de los trabajadores.

Al año siguiente se privatizó la Compañía Minera de Cananea, y el 5% que se debía entregar a los empleados como indemnización también se integró al fideicomiso, cuando la empresa adquiriente, Grupo Mexicana, entregó los recursos al sindicato, a través de un acuerdo en octubre de 2004, y en el que tuvo participación la Secretaría del Trabajo, entonces encabezada por Carlos Abascal.

No obstante, de acuerdo con la denuncia presentada por Morales Hernández, a partir de documentos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aunque el fideicomiso que ascendía a 55 millones de dólares tenía una cláusula que le daba el carácter de irrevocable, éste fue liquidado; el fiduciario, Scotiabank Inverlat, no sólo accedió a esta operación, sino que presuntamente entregó de forma irregular los recursos al dirigente sindical Gómez Urrutia y no directamente a los trabajadores.

La operación fue realizada a través de un Comité Técnico del Sindicato Minero, que presidía Gómez Urrutia y que estuvo integrado por sus colaboradores como Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montufar, José Ángel Ruela y Baltazar Zárate Gómez, quienes también fueron denunciados ante la PGR por su presunta participación en la liquidación del fideicomiso, cuando se comprometieron a repartir el dinero entre los trabajadores beneficiarios.

En la Procuraduría de Justicia de Distrito Federal existen dos denuncias en contra de Gómez Urrutia explicó el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz.

La primera fue interpuesta por un grupo de 900 trabajadores que denuncian de manera directa que el líder dispuso de dinero de un fideicomiso del que los empleados eran beneficiarios. La segunda, detalló, se trata de un oficio de colaboración, que a solicitud de las autoridades del estado de Sonora, se presentó ante la PGJDF.(Con información de Icela Lagunas)