La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa para investigar la denuncia que promovieron diputados perredistas en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, así como de otros funcionarios estatales, por haber incurrido presuntamente en diversos delitos al confabularse para encarcelar y agredir a la periodista Lydia Cacho.

Al referirse al caso del gobernador de Puebla, el procurador Daniel Cabeza de Vaca dijo que hasta el momento sólo existe "una denuncia penal presentada por unos diputados, en la cual no se ve claramente la competencia de la Procuraduría, sin embargo ya con esto hemos iniciado las primeras actuaciones".

El 20 de febrero pasado los diputados Inti Muñoz y Beatriz Mojica acudieron a las instalaciones de la PGR para presentar una denuncia sustentada en las grabaciones de las conversaciones telefónicas que realizó el mandatario estatal con el empresario textilero Kamel Nacif Borge, así como en las pláticas que sostuvo el empresario con algunos de sus amigos, en las que se revela la forma en que operaron para que la periodista fuera detenida.

El titular de la PGR informó que la institución a su cargo analiza la posibilidad de turnar una parte de este caso del gobernador y el empresario a la Procuraduría General de Justicia de Puebla.

Por otra parte, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno del Distrito Federal información para saber si tiene tratos comerciales con el empresario poblano Kamel Nacif.

El punto de acuerdo fue presentado por el senador Federico Ling Altamirano (PAN), quien dijo que luego de que Federico Arreola, coordinador de financiamiento en la campaña del aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, admitió que se entrevistó dos veces con el empresario textilero, Kamel Nacif, es necesaria una explicación.

En la ciudad de Puebla, el sector privado de esa entidad se pronunció por terminar con la crisis política que enfrenta el estado a raíz de las grabaciones telefónicas que involucran al gobernador, Mario Marín Torres con el empresario textilero Kamel Nacif Borge, pues advirtieron que las inversiones se podrían ver afectadas.

Los dirigentes empresariales señalaron que se debe evitar a toda costa que se polarice a la sociedad, pues hacerlo tendrá un impacto negativo en la imagen del estado y podría derivar en una descomposición social.

En tanto, a una semana de que la Comisión de Justicia del Congreso Local fue convocada por primera vez para iniciar las investigaciones en torno del escándalo en que se ve envuelto el mandatario por su presunta participación en un complot para encarcelar a la escritora María Lydia Cacho Ribeiro, a la fecha no se les ha vuelto a reunir.

Esto, a pesar de que se tiene pendiente darle curso a la solicitud hecha por el Partido Acción Nacional (PAN) para que se inicie un juicio político en contra del mandatario poblano para determinar si se incurrió o no en algún delito grave como la violación de derechos humanos. (Con información de Blanca Patricia Galindo/Corresponsal)