Luego de que el 14 de febrero se divulgaran conversaciones telefónicas del mandatario y el empresario Kamel Nacif, en las que refieren acciones contra la periodista Lydia Cacho, quien denunció casos de pederastia y que han sido criticadas por candidatos presidenciales, Iglesia, legisladores, y sociedad civil, las críticas a Marín se han multiplicado en la entidad.

El gobernador es abucheado cuando aparece en público. El fin de semana pasado, al inaugurar el centro deportivo Alpha-4 hizo uso de la palabra entre chiflidos y gritos de la gente, quienes le decían: "mentiroso" y "precioso".

El coordinador de los diputados locales del PAN, Víctor León Castañeda, aseguró que el gobierno estatal y los priístas "siguen actuando de manera insensible, no viendo la realidad expresada por los poblanos, que han pedido la renuncia y le han perdido la confianza".

La dirigente estatal del PRD, María Elena Cruz Gutiérrez, afirmó que si Mario Marín se empeña en mantenerse como mandatario se multiplicarán las acciones de resistencia civil que van desde protestas pacíficas hasta el no pago de impuestos estatales.

El escándalo

La difusión de las llamadas telefónicas desmoronó el blindaje del gobierno estatal que Mario Marín había construido.

Luis Ángel Casas Arellano, que durante la campaña de Mario Marín fungió como tesorero del Comité de Financiamiento, declaró el 2 de septiembre de 2004 que el gasto proselitista no sería mayor a los 12 millones de pesos, ocho de los cuales serían del financiamiento público, y poco más de 4 millones de pesos provendrían del financiamiento privado.

Casas Arellano es uno de los personajes que participan en las llamadas telefónicas con Kamel Nacif y es, incluso, quien le recomienda hablar con el gobernador Marín del tema Lydia Cacho.

Ahora, Casas Arellano está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por no haber recibido autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para captar inversiones millonarias en dólares.

El empresario Alberto Lenz Krahl -que en el año 2000 aportó recursos para la campaña presidencial de Vicente Fox- fue quien denunció a Casas porque, argumentó, no le devolvió 3 millones de dólares.

Casas, que fue el estratega financiero de Marín, formaba parte del equipo del aspirante del PRI al Senado, Mario Montero.

Luego de la difusión de las llamadas, el gobierno estatal ha sufrido severos reveses. Javier García Ramírez, secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, fue acusado por Carlos Eduardo García, presidente del Consejo Poblano de Jóvenes Empresarios, de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y privilegiar empresas con obras a cambio de una comisión de 10%.

El escándalo Marín-Nacif provocó, incluso, fugas de capitales del estado. El empresario Carlos Peralta Quintero retiró el capital invertido en el aeropuerto de Huejotzingo para emplearlo en "negocios personales", según informó el 24 de febrero Gerardo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Económico estatal.

Los empresarios

Mario Marín inició, desde la presidencia municipal, una red de financiamiento a sus actividades que, en la campaña por la gubernatura, se consolidó.

Entre los empresarios que financiaron su campaña se encuentran José González Cobián, Manuel Espinosa Alonso (nieto de Manuel Espinosa Iglesias), Manuel Gancedo del Río (textilero), Eduardo Kuri Chedraui (textilero), Miguel Ángel Moreno Vieyra (Constructor), Ricardo Henaine Mezher (socio de Carlos Peralta Quintero), Alejandro Couttolenc Villar (textilero), Julián Ventosa Aguilera (inmobiliario y medios de comunicación), Socorro Romero Sánchez (empresaria avícola), y el ya mencionado Luis Ángel Casas Arellano.

Pero hubo otros que no aparecieron públicamente aunque aportaron recursos, como el empresario Kamel Nacif, quien es socio de Luis Ángel Casas Arellano en la Promotora Líbano, de acuerdo con un resolutivo del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.

A ellos, el ex dueño de Canal 40, Javier Moreno Valle, les debe poco más de 25 millones de pesos. Así se notificó en un auto el 19 de enero 2006.

La salida

En el Congreso local la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que preside Pericles Olivares Flores (PRI), tiene en sus manos la solicitud de juicio político en contra del gobernador Mario Marín. No obstante, el trámite a la petición hecha por el PAN aún no se ha dado y se está a la espera de que esto ocurra.

La comisión cuenta con siete miembros, cuatro del PRI, dos del PAN y uno del PRD, por lo que está en manos del PRI que el dictamen se apruebe. Además, en caso de que logre salvar el obstáculo de la comisión, en el pleno hay otro dique, ya que el PRI tiene 26 diputados; el PAN, 10; el PRD, dos; el PVEM, uno; el PT, uno; y Convergencia uno.

Por lo pronto, la sociedad civil continuará movilizándose. Mañana miércoles sostendrá una nueva reunión el denominado Frente Cívico Poblano para determinar las acciones a seguir.