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Perredistas denuncian a Mario Marín

Presentan grabaciones como prueba de su imputación
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Carlos Avilés
El Universal
Martes 21 de febrero de 2006

Diputados federales del PRD presentaron ayer una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, así como a otros funcionarios estatales, por haber incurrido presuntamente en diversos delitos al confabularse para encarcelar y agredir a la periodista Lydia Cacho.

Los diputados Inti Muñoz y Beatriz Mojica sustentaron su denuncia en las grabaciones de las conversaciones telefónicas que realizó el mandatario estatal con Kamel Nacif Borge, así como en las pláticas que sostuvo el empresario con algunos de sus amigos en las que se revelan la forma en que operó para que la periodista fuera detenida.

Dichas grabaciones fueron las únicas pruebas que emplearon los diputados para presentar la denuncia en contra de Mario Marín.

La denuncia que interpusieron los legisladores es la primera que se interpone en contra del mandatario para que se investiguen los hechos que se narran en las conversaciones que tuvo con el empresario textilero.

Los diputados le pidieron a la PGR que investigue la posible comisión de diversos delitos de índole federal entre los que destacan los de coalición de servidores públicos, cohecho y abuso de autoridad.

Como presuntos responsables de estos ilícitos señalaron al gobernador Mario Marín; a la procuradora general de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda; a la juez quinto de lo penal del fuero local, Rosa Celia Pérez González; y al empresario textil Kamel Nacif Borge.

Tanto Inti Muñoz como Beatriz Mojica coincidieron en destacar que los delitos que se le atribuyen a todos los funcionarios son de orden federal, por lo que la PGR es la instancia adecuada para investigar estos hechos, debido a que en el estado no habría condiciones para que esta indagatoria se llevara a cabo.

Beatriz Mojica dijo que la denuncia penal en contra del gobernador es independiente del juicio político que puede iniciar en su contra el Congreso de la Unión y de la investigación que pueda realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre posibles violaciones graves a las garantías individuales.

 
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