Amnistía Internacional (AI) criticó que la difamación sea un cargo penal "que en ocasiones se utiliza para silenciar e intimidar a los periodistas que informan sobre cuestiones de interés público".

En un pronunciamiento público, el organismo civil señaló que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha pedido que la difamación sea un cargo civil y no penal, y "México no ha tomado ninguna medida para adoptar esa recomendación".

AI expresó, además, su preocupación por la seguridad de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, acusada precisamente de difamación, y consideró que el proceso judicial que enfrenta en la actualidad coarta su derecho a la libertad de expresión.

En un llamado urgente a la comunidad internacional, AI solicitó que se exprese en diferentes partes del mundo el repudio a la "intención de silenciar e intimidar" a Cacho Ribeiro, quien "ya ha sufrido amenazas e intimidaciones con anterioridad a consecuencia de sus actividades de derechos humanos".

Solicitó a las autoridades federales y estatales que garanticen su seguridad, conforme a los deseos de la periodista.

De igual forma, recomendó que se aplique la recomendación de la CIDH para que se despenalice la difamación y no se castigue con la cárcel.

Quien cometa difamación debe ser juzgado sólo en el ámbito civil, insistió.

El 16 de diciembre, Lydia Cacho, presidenta del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, fue detenida por la policía en esa ciudad, acusada de difamación al denunciar en su libro Los demonios del edén la probable participación de empresarios -entre ellos Kamel Nacif- en una red de pornografía infantil.

AI narró que los policías la llevaron a una distancia de mil 500 kilómetros, a la ciudad de Puebla, y estuvo detenida durante 30 horas antes de ser puesta en libertad bajo fianza.

Ahora Cacho debe comparecer ante un juez todas las semanas mientras sigue el proceso judicial, "pero puede ser condenada a cuatro años de prisión".

"Amnistía Internacional cree que su detención constituye acoso judicial, amenaza su derecho a la libertad de expresión y la hace más vulnerable a las amenazas y las intimidaciones relacionadas con su trabajo de defensa de los derechos humanos".