El portavoz presidencial, Rubén Aguilar, negó que los aparatos de seguridad del Estado se dediquen al espionaje telefónico, que es una práctica que el gobierno federal condena por ser violatoria al derecho a la privacidad, y que toca a las distintas autoridades impedir que sigan ocurriendo este tipo de acciones que atenta, dijo, contra el estado de derecho.

Recordó que ahora existe una gran cantidad de equipos en el mercado al que puede acceder la gente para realizar este tipo de grabaciones, como la que se hizo de la conversación entre el gobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, sobre el tema de la periodista Lydia Cacho.

La Secretaría de Gobernación revisará todos los expedientes y grabaciones, y si no le satisface el fallo que emita la Procuraduría de Justicia de Puebla "hay otras instancias" a las que se podrá recurrir, advirtió ayer el director de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda.

A su vez, el subsecretario de Normatividad de Medios de esa misma dependencia, Enrique Aranda Pedroza, aseguró que las grabaciones "no salieron de Gobernación" y deslindó al Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la autoría de las mismas.

Y comentó que quizá el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín y la Procuraduría de Justicia del Estado deberían excusarse de conocer este caso para que otro tipo de autoridades puedan atraer la investigació y determinar responsabilidades.

Ricardo Sepúlveda afirmó que la Secretaría de Gobernación está en contacto con las autoridades del estado de Puebla y Quintana Roo para seguir este caso.

"Vamos a solicitar los informes correspondientes y no vamos a dejar que esto simplemente se quede sin respuesta o se dilate", puntualizó el funcionario al ser entrevistado ayer luego de salir de un acuerdo con el secretario Carlos Abascal.

En la ciudad de Hermosillo; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, señaló que hay elementos que indican que hubo un complot contra la periodista Lydia Cacho y se pronunció en contra de que la PGR atraiga el caso porque "las fiscalías especiales son puras cortinas de humo".

Indicó que la atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República no garantiza que vaya a esclarecerse y puso como ejemplo la desaparicion del reportero Alfredo Jiménez Mota del cual no ha habido resultados de parte de la dependencia federal. (Con informacion de, Jorge Octavio Ochoa)