En su defensa salió ayer, al mediodía, el vocero del gobierno estatal, Valentín Meneses Rojas, quien se negó a reconocer la autenticidad de las grabaciones, mismas que calificó como un delito.

"Nosotros lamentamos que un instrumento de esta naturaleza, que es un instrumento fuera de la ley, se le quiera dar un valor, es condenable ese espionaje telefónico que llevan a cabo y que desde luego en estos tiempos electorales lo tratan de aparecer de esta manera", manifestó.

Para nosotros, señaló Meneses Rojas, "es totalmente intrascendente, lo que se escucha es una supuesta voz del señor gobernador, pero ahí están las grabaciones, bien pudo ser un instrumento editado, nosotros no podemos juzgar sobre la autenticidad de esto, para nosotros resulta intrascendente más allá de cualquier cosa (.) Tal parece que es su voz, pero eso lo deben determinar profesionales, peritos en esto".

Pese a las insistentes preguntas de si la grabación era o no del gobernador Mario Marín Torres, el vocero insistió en evadir la pregunta y señaló que "no es mi papel decir si son o no son, lo que a mí me interesa lo que ahí se manifiesta y para nosotros son totalmente intrascendentes".

"Más grave es que intervengan teléfonos y se metan a la vida privada de las personas, eso es totalmente grave. Yo no puedo decir 100% es, yo creo que eso lo va a tener que demostrar la señora (María Lydia Cacho), en estos momentos yo no puedo".

Los compara con el MP

Para concluir una atropellada conferencia de prensa, en la que la pregunta más repetida fue si las grabaciones presentadas son reales o no, el vocero se limitó a decir que: "Se están poniendo ustedes como Ministerio Público o como la Judicial; muchas gracias".

En tanto, en una conferencia de prensa ofrecida al mediodía, la fracción panista en el Congreso del estado, encabezada por Víctor León Castañeda, demandó que el gobernador Mario Marín Torres solicite licencia al cargo y se le inicie una investigación exhaustiva por este caso.

Se insistió en que el mandatario debe aclarar lo que sucedió sobre la detención de María Lydia Cacho en diciembre de 2005, así como separarse del cargo para que se pueda realizar una investigación y se deslinden responsabilidades.