Gilberto Rincón Gallardo, presidente del consejo, dijo que se trata de un delito grave y que la sanción debe ser proporcional, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue si esos hechos también pudieran ser violatorios del artículo 364 del Código Penal Federal.

Ese precepto establece una pena de seis meses a tres años de prisión y una multa de 25 a 100 días "al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y garantías establecidos por la Constitución General de la República a favor de las personas".

En conferencia de prensa, informó que este organismo abrió de oficio un procedimiento de queja al considerar que personal de dicho hotel violó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación al desalojar de sus instalaciones al grupo de 14 ciudadanos cubanos que realizaban un encuentro con empresarios estadounidenses el 3 de febrero.

Explicó que debido a que este consejo no tiene facultades para sancionar, emitió oficios a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a la Secretaría de Turismo, a la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal y a la PGR para que inicien procedimientos y determinen la sanción correspondiente.

Por lo pronto, Rincón Gallardo señaló que el argumento del personal del hotel de que se aplicó la Ley Helms-Burton es inválido, pues tanto las personas como los establecimientos que se encuentran en territorio nacional sólo están sujetos a las leyes mexicanas.

"Si Estados Unidos pretende que sus leyes rijan en otros países habrá conflictos permanentes", comentó.