Dos sujetos encapuchados que portaban armas largas ingresaron a las 19:45 horas del 6 de febrero a las instalaciones del periódico El Mañana. Según testigos, los hombres entraron disparando a la recepción del periódico y avanzaron hasta la redacción, donde lanzaron una granada mientras proferían insultos y amenazas.

El periodista Jaime Orozco Tey quedó herido de gravedad, tras recibir cinco balazos.

La presidenta de la SIP, Diana Daniels, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Gonzalo Marroquín, enviaron cartas al presidente Vicente Fox, al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, y al gobernador del estado Eugenio Javier Hernández Flores para pedirles la adopción de medidas enérgicas con el fin de hallar y castigar a los responsables.

Daniels, vicepresidenta de The Washington Post Company, y Marroquín, director del periódico guatemalteco Prensa Libre, recordaron que durante el seminario de la SIP celebrado en Nuevo Laredo el 26 y 27 de enero pasado los más de 100 participantes expresaron en las conclusiones "la preocupación por la incapacidad de las autoridades, en sus diversos niveles de gobierno, ante el avance del crimen organizado en el país en su conjunto, en la zona fronteriza en general y en el área de Nuevo Laredo en particular".

Al repudio de la SIP se sumó la condena por este hecho realizada por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, siglas en inglés).

"Este despreciable ataque debe ser investigado de modo exhaustivo por las autoridades mexicanas, y los responsables deben ser enjuiciados", indicó la directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper.

"Exhortamos al presidente Fox a conformar su decisión de solicitar la designación de un fiscal especial para investigar delitos contra la libertad de expresión, una posición que será crucial en los meses que preceden las elecciones presidenciales", añade el CPJ en su pronunciamiento.

En la ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el atentado ocurrido en el periódico El Mañana de Nuevo Laredo e informó que dará seguimiento a las investigaciones.

El director del Programa de Agravios a Periodistas, Luis Raúl González Pérez, dijo que la autoridad está obligada a investigar y consignar a los responsables.

Señaló que en el transcurso del 2005 se presentaron 72 quejas de agravios a periodistas y 43 en el 2004, por lo que hay un incremento de 80% "y el gobierno ha sido incapaz de contener la violencia".

"Es lamentable que se sigan dando este tipo de sucesos, intimidaciones y agresiones en contra de los integrantes de los medios de comunicación y que se siga buscando silenciar de esta forma", reiteró el funcionario.

Dijo que aunque no haya un servidor público involucrado "la CNDH estará atenta al curso de las investigaciones porque se trata de hechos sensibles y graves que violan un derecho humano fundamental que es la libertad de expresión". (Con información de agencias)