Productores y líderes cañeros demandaron al gobierno y a los grupos empresariales que lograron la declaratoria de inconstitucionalidad de la expropiación que el traspaso a los particulares no afecte la zafra.

Lázaro Arias, secretario de finanzas de la Unión Nacional de Productores de la Caña de Azúcar indicó que en caso de "burocratizarse el traspaso" en los 14 ingenios involucrados se podría afectar 50% de la producción que involucra a 35 mil cañeros de los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, entre otras entidades.

El diputado federal Lázaro Arias explicó que fue la "falta de experiencia del gobierno federal lo que les hizo emitir el decreto de expropiación sin un estudio que revelara a profundidad los inventarios, activos y pasivos, y con los cuales identificar los ingenios que tenían malos manejos como los de grupo Caze.

El representante cañero de la Confederación Nacional Campesina (CNC) aseguró que desde que se presentaron los amparos "se veía venir esta situación porque la expropiación se hizo mal, por lo que los grupos empresariales sólo tuvieron que hacer una defensa adecuada".

Por su parte, Carlos Blackaller Ayala, líder de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), afirmó que los cañeros serán respetuosos de la legalidad y si "el gobierno actuó de forma improcedente, debe imperar la justicia".

Explicó que el fallo de la Suprema Corte causa "preocupación" entre los productores debido a que se emite en el momento en el que se lleva a cabo la producción en los ingenios del país, y porque "esta es una actividad sensible al cambio o a la posibilidad de retrasos en el pago".

Por la noche, la Sagarpa indicó que para el gobierno federal la decisión de la expropiación de ingenios privados en septiembre de 2001 fue la más viable para resarcir la paz social y la armonía en el campo cañero, amenazado, entre otros aspectos, por la falta de pagos a los productores y el excesivo endeudamiento de la mayoría de las fábricas, lo que puso en riesgo el futuro del sector.