El máximo tribunal emitió un nuevo criterio en el sentido de que ninguna autoridad gubernamental podrá expropiar una propiedad si antes no dialoga y trata el tema, en una audiencia previa, con el dueño del bien que le interesa.

Para los ministros Sergio Valls y Juan Díaz Romero, quienes votaron en contra de este criterio, dicha postura significará "la muerte" de las expropiaciones y frenará el desarrollo de muchas obras de beneficio social en materia de comunicaciones, educación y salud.

En cambio, para la mayoría de los ministros que apoyaron esta decisión, con este criterio se evitarán abusos del gobierno, se protegerá el derecho a la propiedad y se obligará al Estado a sólo expropiar cuando realmente haya causas de utilidad pública.

La discusión en torno de este tema se generó durante la revisión de los juicios de amparo que se promovieron en contra de la expropiación de los ingenios azucareros realizada por Vicente Fox el 2 de septiembre de 2001.

Desde la semana pasada, los ministros se plantearon la necesidad de abandonar un criterio que venía manejando la SCJN a lo largo del siglo XX, incluso que había sido ratificado en 1997.

Dicho precepto partía de la idea de que el gobierno primero debe expropiar y después escuchar a los afectados para conocer su opinión.

Pero los ministros Sergio Aguirre, Genaro Góngora, Margarita Luna, Juan Silva, Guillermo Ortiz, José Gudiño, Olga Sánchez y Mariano Azuela se pronunciaron por abandonar y cambiar ese criterio.

Con base en una interpretación de los artículos 27 y 14 de la Constitución llegaron a la conclusión de que para que se realice una expropiación se debe respetar la garantía de audiencia previa.

Este cambio, advirtió el ministro Juan Díaz Romero, "podría hacer de la expropiación letra muerta". A esta idea se sumó el ministro Sergio Valls Hernández, quien dijo que esperaba que la Corte no suscribiera "el acta de defunción de la potestad expropiatoria del estado y paralicemos o al menos retrasemos la satisfacción de muchas necesidades sociales, mediante la ejecución de obras públicas, que difícilmente podrán realizarse con oportunidad, sobre todo en materia de comunicaciones, de salud y de educación".

En respuesta, la ministra Margarita Luna dijo que "de ninguna manera se está preparando ataúd alguno para la expropiación, lo único que se está determinando a través de esta situación es que se evite todo el tipo de problemas que se generan cuando no se le escucha al particular".

Esta postura fue reforzada por José de Jesús Gudiño, quien precisó que con esta medida se "viene a robustecer nuestro estado de derecho, dando una protección más plena a un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad y que sólo excepcionalmente, y bajo ciertos requisitos muy estrictos, el Estado puede afectar".