Denuncia que en pleno siglo XXI las más de 60 comunidades indígenas del país siguen discriminadas y excluidas de la política social, como prueba de ello explica que 12 millones se encuentran en la extrema pobreza; un millón 565 mil de ellos no saben leer ni escribir y que cada año mueren 40 mil niños indígenas por desnutrición, además de que 20 lenguas están en riesgo de desaparecer.

Por eso, afirmó, hay que reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena; cambiar la actitud de los partidos políticos que son insensibles a esta problemática; impulsar con fuerza la solidaridad de la sociedad civil, y colocar las demandas de los indios mexicanos en la discusión sobre la reforma del Estado.

Propone crear una secretaría de Desarrollo Indígena que comprometa los recursos fiscales que sean necesarios para que en un plazo no mayor a 10 años los indicadores que miden la calidad de vida de los indios hayan alcanzado el mismo nivel que las medidas nacionales en salud, educación, alimentación e ingresos.