Así lo indica un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) que revela que más de 400 agentes federales han sido consignados ante jueces por su presunta responsabilidad en estos ilícitos.

El reporte Resultados de alto impacto, en el apartado de combate a la corrupción, que comprende del 1 de diciembre de 2000 al 31 de octubre de 2005, detalla que mil 519 agentes federales han estado implicados en averiguaciones previas.

Esta cifra de agentes bajo sospecha representa 47% de los 3 mil 229 servidores públicos de la PGR que han estado sujetos a investigación, una cifra que incluye a ministerios públicos de la Federación y peritos, entre otros.

Aunque el nivel de consignaciones es menor, ya que de los elementos de la AFI que estuvieron implicados en averiguaciones previas en lo que va de esta gestión, sólo 459 fueron remitidos ante un juez penal, es decir, 30% de los agentes investigados.

Autoridades de la PGR revelaron además que los 2 mil elementos que pertenecieron a la PJF -que forman parte de los 7 mil policías que integran la AFI- fueron sometidos a un examen de control y confianza, que incluye diagnósticos sicológicos y médico-toxicológicos para la detección de adicciones; estudio del perfil socieconómico de cada agente, así como la prueba del polígrafo.

Un total de 800 de los agentes examinados, es decir 40%, no aprobaron, por lo que la PGR inició un litigio de carácter laboral para retirarlos de la corporación.

Se detalló que el titular de la dependencia, Daniel Cabeza de Vaca, tomó la decisión después de que se dio a conocer el llamado narcovideo, en el que cuatro sicarios del grupo de Los Zetas son interrogados y uno de ellos al final es ejecutado, por lo que ante las evidencias de que agentes federales participaron en el secuestro de estos hombres, se determinó revisar al personal de la AFI.

Al respecto, en entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista en temas de seguridad Jorge Chabat señaló que la decisión de la PGR de depurar a la corporación era necesaria, ante los evidentes casos de corrupción que se han hecho públicos, como la implicación de los elementos de la AFI con el cártel de Sinaloa, quienes secuestraron a los sicarios que fueron videograbados. Consideró que ante estos casos graves de corrupción, retirar a los ex judiciales federales puede ser una medida que permita mejorar el trabajo que se realiza en la corporación.

"Es evidente que hay una preocupación de las autoridades de la Procuraduría por sanear la imagen de esa corporación, por lo que la depuración se hace obligada, aunque será un procedimiento complicado y de largo plazo, ya que los agentes afectados seguramente recurrirán al amparo, como ocurrió cuando se pretendió depurar a la Policía Judicial Federal".